Desde Madrid

La empresa energética española Repsol YPF viola los derechos de las comunidades indígenas de Perú. Esto es lo que sostiene la ONG Intermón Oxfam, que presentó ayer un informe apoyado en testimonios en el que denuncia que en muchos casos la multinacional no negocia –y en algunos casos ni informa– con las poblaciones de las zonas de donde extrae petróleo y gas. Los indígenas peruanos han acusado a la empresa de incumplir sistemáticamente el pago de los sueldos prometidos.

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) vela por los intereses de los indígenas. Según esta norma, firmada por Perú, cada tribu debe dar su consentimiento antes de que una empresa se instale en su territorio. Garantizar que se cumple es competencia de cada Estado. Es al gobierno al que Intermón señala como primer culpable, pues lleva 13 años sin trasladar esta normativa a su legislación. Según Intermón, el 4,7 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) responde a los ingresos que generan la minería y los hidrocarburos.

Intermón basa sus conclusiones en una investigación de campo realizada por la Escuela para el Desarrollo de Perú en tres de las zonas donde Repsol tiene licencia de explotación. Ahora la empresa está explorando el terreno para encontrar reservas. El daño que sufre la naturaleza en esta fase de examen es la segunda de las cuestiones sobre las que llama la atención la ONG, en concreto sobre la tala de árboles y la contaminación. Y es que, según Intermón, la exploración conlleva acciones como deforestaciones o pequeñas explosiones en el subsuelo que ensucian el agua de los ríos, recurso de primera necesidad.

Intermón sostiene que Repsol no compensa en muchos casos a los afectados, como contempla el Convenio 169 de la OIT. Denuncia además algunos casos de explotación laboral en referencia a interminables jornadas de trabajo o sueldos bajos. Repsol YPF negó ayer tras conocer el contenido del informe todas las acusaciones vertidas por Intermón Oxfam. Manuel Hermógenes, director de Coordinación de Comunicación de Países, contestó a este medio que “el Convenio 169 no lo ratifican empresas sino países”. “Que incumplimos el derecho internacional es una interpretación de Intermón, porque nosotros nos avenimos al espíritu de esa norma desde 2004”, añadió el funcionario de la petrolera. Asimismo, y en contra de lo que sostiene la ONG, aseguró que disponen de un protocolo de actuación para hablar con las comunidades indígenas, que es público.

Hermógenes explicó también que Repsol lleva a cabo sus programas sociales en colaboración con ONG en los países donde trabaja. “Por cada organización que nos acusa de algo, tenemos 17 con las que colaboramos”, dijo. La explotación de las reservas de gas y petróleo es un tema de constante polémica entre las ONG y las empresas que operan en América latina. Un ejemplo es el enfrentamiento que mantuvieron hasta hace pocos meses la propia Repsol con los guaraníes del sur de Bolivia por la zona de Campo Margarita. En Ecuador, varias ONG extranjeras también han denunciado los excesos de las empresas petroleras. En Perú, el 70 por ciento del Amazonas está siendo inspeccionado en busca de recursos.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.