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“Argentina no puede ni debe pagar tarifas públicas más caras que en el resto del mundo”, sentenció Eduardo Duhalde frente a los representantes de la prensa extranjera, que ayer colmaron el salón de conferencias de la Casa de Gobierno para escucharlo. Cualquiera de ellos podría haber pensado que al presidente argentino le sobra osadía. A través de su discurso confronta, simultáneamente, con las privatizadas; con la pretensión de Estados Unidos de forzar la apertura del Sur, cuando se robustece el proteccionismo del Norte; y con el desmadre de las cuentas públicas, que él mismo no pudo disciplinar en Buenos Aires mientras fue gobernador. El tiempo dirá si no son sólo palabras para un momento dramático.
Los caros servicios públicos son, a juicio del Presidente, producto de un erróneo diseño de las privatizaciones, cuyas tarifas son relativamente altas en dólares. Para rebajarlas (desvinculándolas del dólar y manteniéndolas transitoriamente fijas), está dispuesto a desafiar la eventual acusación de que no honra compromisos asumidos por otros gobiernos. “Hay mucha inseguridad jurídica afectada”, admitió Duhalde, avalando implícitamente la intención del Gobierno de reformular las concesiones celebradas durante la década menemista.
Lo que el Presidente no aclaró es que, a pesar de las presiones para lograr una revisión lo más beneficiosa posible, las empresas prestadoras ya consintieron reformular sus ventajosos contratos. Para su comodidad, nadie le preguntó qué ocurrió con la privatización de la bonaerense Eseba, transferida a manos privadas cuando él era gobernador: la privatizada empresa eléctrica cobró tarifas más onerosas de las que cobran las distribuidoras de Capital Federal con las que ahora confronta.
Cualquiera podría decir que las coyunturas son diferentes. Del mismo modo que no fue igual el catastrófico fin de la Convertibilidad con la relativa bonanza de los primeros años, a decir del propio mandatario. “Durante el primer trienio hubo movilidad ascendente. Pero, considerada la década pasada de punta a punta, 1 millón de argentinos pasaron a la categoría de pobres”, precisó Duhalde para justificar por qué se “armó una bomba social” en la Argentina, que está al borde de un “baño de sangre”.
Su dramática visión del presente identifica a dos bandos protagonizando ese eventual enfrentamiento. El de los “excluidos”, masa de desocupados, pobres nuevos y estructurales, y la de los “incluidos”, gran mayoría de la clase media golpeada por la recesión y noqueada por el corralito financiero, para cuyo desmantelamiento el gobierno pidió auxilio técnico al exterior. “Una ligereza podría ocasionarle a mi país un dolor irreversible”, aseguró, en relación a cualquier medida errónea con la que Economía intente flexibilizar el cerco financiero que tanto irrita a los presuntos privilegiados del sistema económico.
“Nos sentimos en una ciénaga: no sabemos si tocamos fondo”, dramatizó. Para el soñado futuro en que Argentina despegue de ese terreno fangoso, el Presidente sueña con un modelo a lo chileno: apertura “pero con defensa de los intereses”. Quizá sin tener en cuenta que el país vecino prácticamente no tiene industria a la que defender, a diferencia de Argentina donde, además, hay intereses contrapuestos entre el agro y los industriales y éstos entre sí.
Duhalde también anhela una integración regional vía Mercosur, no claudicante a las pretensiones de los Estados Unidos. “Estamos en desacuerdo con las políticas desiguales, de proteccionismo en el Norte y apertura en el Sur.” “Si no empezamos a defender lo poco que queda de las economías regionales, si no defendemos las fronteras de la invasión de productos y no tenemos disciplina fiscal, no saldremos”, alertó.
Lejos quedó la crisis que comenzó a padecer la provincia de Buenos Aires bajo su administración. En 1997 era de los pocos estados superavitarios del país. Pero desde entonces, por un extraordinario repunte del gasto público, comenzó a registrar una brecha entre sus ingresos y sus gastosque transformó al desbalance bonaerense en el 60 por ciento del déficit que tienen en conjunto las provincias. En esta misma línea siguió su sucesor y actual canciller, Carlos Ruckauf.