Para contrarrestar las críticas que llueven sobre los datos del Indec, el secretario de Comercio aseguró que el índice de inflación de julio del 0,5 por ciento “refleja la realidad”, y hasta lo tomó como un logro de los acuerdos de precios que él mismo lleva adelante: “Me da plena satisfacción”, afirmó, sin sonrojarse. Ayer, el Gobierno cerró un nuevo acuerdo de precios con las empresas del sector alimenticio, que en teoría debería mantenerse hasta fin de año. Justamente, el moderado aumento que registró la inflación oficial en alimentos durante junio fue uno de los datos más sospechosos del índice.

Moreno fue quien designó en la estratégica dirección de precios al consumidor del Indec, la funcionaria –según el dictamen del fiscal Carlos Stornelli– encargada de manipular los índices oficiales de precios, borrando cifras de las bases de datos o ignorando aumentos en rubros claves como alimentos, turismo, prepagas y hasta automotores. Además, es quien habría facilitado a Moreno los listados de negocios que visitan los encuestadores del Indec con la idea de que también reciban visitas de los inspectores de la Secretaría de Comercio. A ambos el fiscal pidió que el juez Canicoba Corral los llame a declaración indagatoria por los delitos de violación del secreto estadístico y adulteración de documentos públicos. También fue imputada Ana María Edwin, flamante titular del organismo, nombrada días atrás por el ministro de Economía, Miguel Peirano.

Según Moreno, “no hay ninguna duda de que el ama de casa que va a la verdulería y ve que la lechuga aumentó el 100 por ciento, la sustituye inmediatamente por otro producto”. Tal vez al funcionario lo traicionó el subconsciente. Curiosamente, para el Indec, en julio, la lechuga bajó un 22 por ciento y se ubicó en el increíble precio de 1,78 el kilo, cuando los valores mínimos de mercado rondan los 3,50 el kilo, y los valores promedio, los 5 pesos. Luego, aclaró que el IPC “no refleja esa sensación, porque es una canasta fija de bienes” que mide un promedio de precios. Más allá de que los consumidores dejen de comer o no lechuga ante fuertes subas estacionales, cómo se explica que el Indec haya computado en julio un valor “promedio” de 1,78 pesos, lo cual quiere decir que los encuestadores del organismo habrían encontrado precios todavía más bajos.

En conferencia de prensa en Casa de Gobierno, el funcionario sostuvo que el índice de inflación “es una canasta de bienes y servicios con precios que pudieron aumentar el 40 por ciento, otros que no aumentaron y otros que bajaron”, y puso como ejemplo el boleto de colectivo, “que no subió”.

Sin embargo, más allá de que siempre hay algunos productos que aumentan y otros que bajan, a las asociaciones consumidores no les cierra que el Indec haya registrados módicas subas de frutas y verduras en julio, pese a que las heladas dispararon los precios en verdulerías y góndolas. Así, para el índice oficial, el precio de la papa fue 1,13 el kilo; el de la cebolla, 1,24; el de la naranja, 1,01; y el del tomate redondo, 2,68; todos muy alejados de los valores de mercado.

Por otro lado, Moreno evitó referirse a la denuncia del fiscal Stornelli en su contra y sólo se limitó a decir que “eso está en el ámbito de la Justicia y ahí se va a dilucidar”.

Peirano y Moreno firmaron ayer un nuevo acuerdo con empresas del sector alimenticio por el que se comprometieron a no incrementar el precio de sus productos por arriba de un seis por ciento durante todo el año. El encuentro fue encabezado por el presidente Néstor Kirchner y participaron representantes de las empresas Aceitera General Deheza, Arcor, La Virginia, Cepa (avícolas), Fargo, Las Marías, Kraft Food, La Serenísima, Ledesma, Molinos Río de la Plata, Nestlé, Sancor y Unilever, entre otras. Para Moreno, “el pecado de origen (de los que cuestionan los índices oficiales de precios) es que no conversan con los empresarios. Si conversaran con ellos y les pidieran las listas de precios se evitarían cualquier análisis superfluo”, concluyó.