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Roberto Lavagna dio un paso más hacia el acuerdo con el Fondo Monetario. Ayer al mediodía envió el borrador de la Carta de Intención con las bases económicas que el organismo internacional debería aprobar para sellar el entendimiento que el gobierno argentino busca desde inicios de año. El ministro se negó a difundir ese borrador, pero se supo que entre las principales variables económicas se prevé una caída del PBI del 11 por ciento para este año y una expansión del 3 por ciento para el próximo.
La inflación prevista es del 64 por ciento anual, reservas en torno de 9000 a 10.000 millones, y salida de depósitos por amparos de 1200 millones de pesos mensuales. Entre los puntos más polémicos se indica una compensación –otra más– a los bancos, esta vez por el CER y por los amparos pagados a precio de dólar libre. Entre ambos rubros suman 11.700 millones de pesos (9000 millones por aplicar el CER a los depósitos pero quitarlo para los créditos y 2700 por la diferencia entre 1,40 y el dólar libre en los amparos). A este monto debe añadirse los costos de la pesificación asimétrica, de otros 16.000 millones de pesos.
Entre las objeciones de última hora de los técnicos del FMI figura la emisión “descontrolada” de cuasi monedas provinciales. El Gobierno tiene premura de arribar a un acuerdo: el mes que viene deben pagarse 2984 millones de dólares en vencimientos de la deuda. La aspiración mínima de los funcionarios es que el Directorio del FMI prorrogue esos pagos por un año. Fuentes bancarias, sin embargo, manifestaron a Página/12 que el acuerdo podría incluir esa postergación, la devolución de una parte de los pagos ya hechos por la Argentina a los organismos, y el envío gradual de dinero para prefinanciar exportaciones, por un total de 2000 millones de dólares.