Ya hace tiempo que Luisa Todini Cavalieri, hija del empresario italiano Franco, hizo vender las estancias tandilenses La Morocha y La Estrella, como parte de la liquidación de activos en la Argentina. Pero a pesar del desguace del capital familiar, la retirada de la constructora itálica no puede formalizarse porque tiene algunos créditos pendientes de cobro contra la Dirección Nacional de Vialidad que no desea resignar. El gran escollo para hacerse con el millón de dólares en juego es que su socia en las obras de remodelación y mantenimiento de las rutas argentinas es Skanska, que se niega rotundamente a litigar contra el Estado argentino.

Un razonamiento lineal lleva a pensar que el prurito de la constructora sueca se origina en el estallido público del escándalo que empañó su nombre desde hace unos meses, cuando una investigación de la AFIP detectó que utilizaba facturas falsas en las obras para ampliar gasoductos troncales. Un mecanismo frecuentemente utilizado para evadir pero, en este caso, está sospechado de haber sido un medio para el pago de coimas: así se abrieron dos trámites judiciales, uno en el fuero penal tributario y otro en el federal y se descabezó al Enargas (dirigido por Fulvio Madaro hasta el estallido), y al Fondo Fiduciario con el que se costeaban las obras, cuyo administrador era Néstor Ulloa.

Sin embargo, la negativa de Skanska a pleitear contra el Estado es previa a la apertura de estas causas, aunque coincide con la celebración de los contratos investigados.

En 1997 Todini Construzioni Generali Spa conformó con Sade, de Perez Companc, una Unión Transitoria de Empresas para atender la refacción y el mantenimiento de una ruta en Salta, en el marco de los contratos de Vialidad Nacional denominados “Crema”, que se financian con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Como la empresa argentina fue vendida a Skanska, la alianza de los italianos terminó sellándose con los suecos, en tanto que el radio de acción del trabajo común se extendió a otras rutas de la provincia de Buenos Aires.

En el año 2003 Todini decidió irse de la Argentina y promovió la cesión de esos contratos a otras empresas, algo consentido por Vialidad. Pero ya para entonces, la dupla ítalo-sueca había acumulado una serie de reclamos contra el Estado por varios conceptos que iban desde “mayores costos” afrontados a raíz de la crisis del 2001, a multas presuntamente mal impuestas, pasando por intereses por mora en el pago de los certificados de obra.

Esta última es, al menos por ahora, la demanda a la que la constructora italiana no está dispuesta a renunciar y por la que computa una acreencia a favor de la UTE por 3 millones de pesos. Los otros conceptos quedarían sujetos a una negociación en curso o, eventualmente, en el olvido.

Sin embargo, Todini encontró una dificultad insalvable para avanzar en este sentido como lo fue la negativa de su socia a encarar un litigio contra el Estado. Tal así es que los abogados que tienen en sus manos la liquidación de esa firma itálica pidieron una mediación prejudicial con Skanska para forzarlos a que se involucren en una eventual demanda contra Vialidad. Días atrás, esos representantes enviaron una nota a Carlos Daniel Ruiz, country mananger local de la constructora sueca, reciminándole haberse reunido periódicamente durante un año con un interlocutor designado por esa compañía sueca, sin que de esos encuentros hubiera podido surgir, siquiera, una intimación a la DNV.

“Skanska ha intentado justificar su inacción como consecuencia de los hechos que son de dominio público y que involucran a esa sociedad”, sostienen los apoderados de los italianos en la misiva. Allí mismo, aclaran que respetan la determinación de “no involucrarse en nuevos juicios contra el Estado nacional” hasta tanto estas causas sean resueltas, pero advierten que es necesario evitar el impacto negativo que esto tiene “en los derechos e intereses” de Todini. Un modo de alertar sobre un eventual reclamo que los italianos podrían encarar contra sus socios por bloquear la demanda contra Vialidad.