Los típicos ascensos y pases a retiro de fin de año tuvieron esta vez más de una lectura en el Edificio Libertad. El jefe de la Armada, Jorge Godoy, ratificado en el cargo al igual que el resto de las cúpulas militares, le informó el viernes a su tropa quiénes dejarían la actividad. Las irregularidades en la construcción de las obras de traslado de la Escuela de Mecánica de la Armada, denunciadas por Página/12 a fines de septiembre, y la consecuente auditoría interna ordenada por la cartera de Defensa, tallaron en el futuro del almirantazgo: toda la cúpula de la Dirección de Materiales, responsable de las cuestionadas licitaciones para erigir el nuevo polo educativo de la Marina en Vicente López, fue pasada a retiro. El vicealmirante Gustavo Leprón, y sus dos subordinados, los contraalmirantes Carlos Alberto Sánchez y Eduardo Javier Alvarez, dejaron el servicio activo. Antes de fin de año, los marinos recibirán el pedido de la ministra Nilda Garré para que respondan a los múltiples cuestionamientos por plazos de ejecución y montos de adjudicación que no han encontrado justificación.

En marzo de 2004, el presidente Néstor Kirchner anunció el traslado de las ocho instituciones educativas y académicas que funcionaban en el predio de 17 hectáreas de Libertador para erigir allí un Museo de la Memoria. El 30 de septiembre pasado se concretó el desalojo de los edificios como estaba previsto antes del cambio de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires y en la Nación. Sin embargo, los 68 millones de pesos destinados a la construcción del nuevo polo educativo están todavía lejos de verse en ladrillos.

La empresa San José, dirigida por el contraalmirante retirado Basilio Pertiné –cuñado del ex presidente Fernando de la Rúa y denunciado por el represor Adolfo Scilingo como participante de los vuelos de la muerte–- fue el adjudicatario de cuatro de los edificios en los terrenos de Vicente López. Además de estar vencidos los certificados fiscales de contratación al momento de adjudicarle las obras, un requisito ineludible en toda licitación pública, los plazos de entrega vienen más que demorados. Ya en marzo, la Sindicatura General de la Nación había advertido sobre la necesidad de controlar el avance porque era evidente que no se cumpliría con los tiempos previstos para reubicar a los cinco mil alumnos y docentes de las distintas instituciones.

Defensa puso la lupa con demora: una semana antes de la fecha tope del traslado, Garré citó a los responsables de la Armada y terminó designando al auditor de esa cartera, Jorge Argüello, para que revise no sólo esas obras sino todas las que había ejecutado la fuerza comandada por Godoy. El dictamen del auditor está listo. Cuenta con más de veinticinco páginas y se esperan más respuestas de los responsables. Una primera respuesta se lee en el salvador pase a retiro de Leprón, Sánchez y Alvarez. Como director de Materiales fue designado el contraalmirante César Carlos Mouján, un hombre que había criticado la marcha de las obras y que no pertenece al grupo íntimo de Godoy.

Los desatinos se reproducen hasta niveles grotescos: la pileta olímpica que se decidió construir en los jardines del Edificio Libertad terminó siendo un mamotreto sobre superficie. Al empezar a excavar comprobaron que los terrenos son inundables y, por lo tanto, tuvieron que hacer la piscina hacia arriba. El detalle es contener una estructura que tiene que tener cuatro metros de profundidad. Los costos, obviamente, superaron en mucho a los previstos.

El capitán de corbeta arquitecto Fernando Cerutti fue el responsable de autorizar la piscina y es también quien figura como director de obra de la empresa San José y al mismo tiempo se desempeña en la dirección de Materiales de la Armada. La explicación de los marinos para justificar el doble rol de juez y parte fue que así se ahorraban los honorarios del profesional, que oscilan entre el 10 y el 20 por ciento del monto presupuestado. Teniendo en cuenta que son 68 millones de pesos, el porcentaje es suculento pero no se entiende por qué sería la Armada la que tendría que pagar a un profesional de la empresa.

Cajas paralelas

Las irregularidades se acumulan en el expediente abierto por Defensa. En montos de menor envergadura apareció una empresa de un capitán de navío retirado que fue contratado por su hijo, segundo jefe de Mantenimiento del Edificio Libertad. El escandalete llegó a tal punto que fue pasado a disponibilidad. La “desprolijidad” fue denunciada ante Defensa por la asociación de personal civil de las Fuerzas Armadas.

Entre las explicaciones que se esperan de los marinos también figura en qué se invirtió el millón y medio de pesos que Defensa había destinado a la remodelación de un predio en el Astillero Domecq García para que allí funcionara transitoriamente una de las escuelas trasladadas de la ESMA. Los futuros marinos mercantes terminaron hacinados en un galpón de una concesionaria de autos en Vicente López mientras que la licitación fue abierta el pasado 16 de agosto y todavía no se adjudicó.

Las denuncias en Defensa sobre manejos irregulares en ese astillero se acumulan desde hace meses. Suboficiales en actividad presentaron detallados informes en los que dan cuenta del abuso de personal militar para realizar obras privadas y el directo desguace de embarcaciones para beneficio de algunos oficiales.

Además del negocio particular para las “bandas” que lucran con sobreprecios y contrataciones irregulares, en corrillos de marinos llegan a esgrimir otra razón para “recaudar”. Repiten en voz baja que las familias de los represores detenidos por delitos de lesa humanidad necesitan asistencia económica y legal y hay que “ayudarlos”. Varios apelan a defensores oficiales pero no son pocos los que son asistidos por importantes estudios jurídicos que están lejos de sentirse satisfechos sólo con la coincidencia ideológica.

“La única forma de cortarles los víveres es controlando las múltiples cajas paralelas de las que disponen”, explica un conocedor de la corporación que responde a viejas lealtades. Son pocos, pero todavía quedan por una cuestión generacional mandos que fueron compañeros o, incluso, tuvieron mayor jerarquía que represores presos y se sienten “obligados” a asistirlos a ellos y a sus familias. Alquiler de propiedades, rentas agropecuarias, trabajos para particulares, son las fuentes extrapresupuestarias que alimentan arcas privadas y sostendrían “la contención” de represores procesados.