Cristina Fernández de Kirchner y su jefe de Gabinete, Alberto Fernández, recibieron ayer en la Casa Rosada a los principales accionistas de Aerolíneas Argentinas, Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, para intentar encontrar una solución a las permanentes cancelaciones y demoras que se registran en los vuelos de la compañía. Fuentes del Gobierno señalaron a Página/12 que la intención es impulsar un acuerdo con empresarios y sindicatos que “permita el crecimiento y desarrollo de Aerolíneas con estabilidad del personal y paz social”. Los detalles se comenzaron a definir en un encuentro posterior realizado en el Ministerio de Trabajo, del que participaron los empresarios españoles junto con los ministros Carlos Tomada y su par de Planificación, Julio De Vido. El lunes comienza una ronda de reuniones con los sindicatos y luego se integrará una mesa de negociación tripartita.

En la empresa se mostraron conformes con los resultados de la reunión. “Nosotros habíamos pedido un pacto social y lo que está haciendo el Gobierno es empezar a implementarlo”, señaló a este diario un vocero de la firma. En octubre, el Grupo Marsans, principal accionista, había informado que tenía previsto incorporar a Aerolíneas Argentinas 40 de los 73 aviones que le compró al consorcio Airbus, pero condicionó la entrega a la firma de la “paz social”, una especie de Pacto de la Moncloa que incluyera a los sindicatos y al Gobierno para terminar con los conflictos gremiales. Por entonces se le preguntó al ejecutivo Gonzalo Pascual qué pasaría con esos aviones si no se avanzaba en la dirección propuesta, y su respuesta no dejó lugar a dudas: “Tenemos un grupo lo suficientemente grande como para absorber esos aviones. Irían para Air Comet o a Chile o a otros países donde tenemos intenciones de desarrollarlos”, declaró.

El pacto parecía estar encaminado a mediados de noviembre, pero finalmente no se pudo cerrar. Ahora el Gobierno, que a fin de año amplió su participación en la empresa del 5 al 20 por ciento de las acciones, volvió a la carga para intentar ponerle un freno a la desesperante situación que atraviesa la empresa. Las demoras y cancelaciones habituales se profundizaron en los últimos días, motivando reacciones violentas de decenas de pasajeros a los que se les agotó la paciencia.

No será fácil llegar a un acuerdo, pues ni siquiera termina de estar claro cuáles son las causas que motivan las reiteradas cancelaciones. La empresa dice que se debe a un conflicto con la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), pero ese gremio reiteró recientemente en un comunicado que “no realiza ninguna medida de fuerza o paro, ni en el Aeroparque Metropolitano, ni en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza”, y atribuyó las demoras a la “falta de personal y al deterioro de los equipos para la gestión operativa”. El secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, Pablo Biro, también responsabilizó a la empresa por la situación y la acusó puntualmente de vender más pasajes de lo que le permite su capacidad operativa.

La negociación del Gobierno con los gremios se inicia el lunes en el Ministerio de Trabajo con una reunión con los dirigentes de APA. En los días siguientes seguirán los otros cinco sindicatos que representan a los trabajadores de Aerolíneas y después será el turno de una mesa de negociación tripartita que incluirá también a los empresarios.

Una fuente del Gobierno señaló ayer a Página/12 que el objetivo es “restablecer la previsibilidad, la calidad de la gestión y la confianza del usuario”. Todavía no está definido cuánto tiempo debería durar el acuerdo, pero la fuente aclaró “que debe ser lo más extenso posible. No alcanza con algunos meses”. Por ahora prefieren no hablar de tarifas y salarios, pero ésa será la gran cuestión a resolver. Los empresarios prometen inversiones sólo si se moderan los reclamos salariales, se otorgan incentivos impositivos y se garantiza algún incremento de tarifas. En Aerolíneas no lo dicen abiertamente, pero la Cámara de Líneas Aéreas de la República Argentina viene haciendo un fuerte lobby para lograr una actualización en el precio de los pasajes. “Las tarifas pesificadas y reguladas no se sostienen con costos dolarizados”, señaló hace unos meses el vicepresidente de esa entidad, Facundo Rocha. Desde los sindicatos están dispuestos a negociar, pero si les aseguran que el salario y las condiciones laborales no serán la variable de ajuste para normalizar la situación.