Once líderes de la izquierda peruana anunciaron que denunciarán ante la Justicia italiana el rol de la dictadura peruana en el Plan Cóndor, contrariando las declaraciones del presidente Alan García en defensa del ex dictador Francisco Morales Bermúdez (1975-1980).

Los dirigentes peruanos, que fueron encarcelados y trasladados clandestinamente a la Argentina en 1978, confirmaron a Página/12 que preparan un escrito que presentarán ante el juzgado italiano que preside la magistrada Lussiana Figliola, quien pidió la extradición del dictador en el marco de una causa que investiga la cooperación de las dictaduras sudamericanas en los años setenta.

Los dirigentes acusan a Morales Bermúdez de haberlos entregado a la dictadura de Videla, que los tuvo detenidos cerca de un mes en Jujuy hasta que debió liberarlos ante la intervención de las Naciones Unidas. Según declararon a este diario, su detención habría sido una retribución por otro servicio realizado en el marco del Plan Cóndor, la desaparición en Lima en 1977 del dirigente montonero Carlos Maguid.

Hasta ahora la jueza Figliola ha admitido una imputación en contra del dictador peruano por el secuestro de Noemí Gianotti de Molfino, integrante de las Madres de Plaza de Mayo, ocurrido en Lima en junio de 1980. Gianotti de Molfino fue secuestrada junto con dos argentinos, actualmente desaparecidos en un operativo conjunto de los militares peruanos y argentinos. Un mes después de su detención Gianotti de Molfino apareció muerta en Madrid.

A pesar de las pruebas que vinculan a Morales Bermúdez con la Operación Cóndor, Alan García salió en defensa del dictador. “Perú no formó parte de la Operación Cóndor”, dijo el presidente peruano cuando se conoció el pedido de extradición.

Pero los dirigentes deportados clandestinamente por Morales Bermúdez dicen que su historia, la de Maguid y la de Gianotti de Molfino y sus compañeros demuestran lo contrario a lo que sostiene el presidente.

“Estamos comunicando al juzgado italiano nuestra disposición a declarar sobre nuestra deportación clandestina a la Argentina, que formó parte de la Operación Cóndor. También pondremos en conocimiento del juzgado italiano el caso de la desaparición de Carlos Maguid”, le señaló a Página/12 el dirigente de derechos humanos Javier Diez Canseco uno de los once peruanos encarcelados en Jujuy.

“De acuerdo con los tratados internacionales, si el juzgado que ve esta causa por el caso Gianotti de Molfino recibe nuevos elementos, como los que nosotros vamos a aportar, que vinculan a Morales Bermúdez con otros hechos de la Operación Cóndor, entonces debe ampliar el proceso para incluir esos casos nuevos. Por eso, esperamos que en el proceso contra Morales Bermúdez por el secuestro de Gianotti de Molfino se incluyan nuestro detención en Argentina y la desaparición de Maguid”, agregó el dirigente.

El 15 de abril de 1977 el argentino Carlos Maguid fue secuestrado en una céntrica avenida de Lima. Casado con Nélida Arrostito, hermana de la dirigente montonera Norma Esther Arrostito asesinada por la dictadura, Maguid había sido acusado de haber participado en el operativo de secuestro del dictador Pedro Aramburu. Se había exiliado en Perú, donde enseñaba sociología en la Universidad Católica, y en marzo de 1977 fue detenido por la policía peruana.

En esa ocasión compartió celda con Gustavo Espinoza, entonces secretario sindical del Partido Comunista Peruano. “Nos detuvieron porque se había anunciado una visita de Videla al Perú y el gobierno peruano quería evitar posibles protestas. Estuvimos presos cuatro o cinco días y nos dejaron libes. Un mes después Maguid fue secuestrado. En prisión me contó que la dictadura argentina lo perseguía. No se sabe si lo asesinaron en Lima o si se lo llevaron a la Argentina. Este caso nunca se investigó”, le señaló Espinoza a Página/12.

Un año después del secuestro de Maguid se produciría la detención y entrega al Ejército Argentino de los once dirigentes de la izquierda peruana, detenidos días antes de las elecciones para elegir una Asamblea Constituyente, convocada por los militares como el primer paso para abandonar el poder luego de masivas protestas sociales.