El Gobierno insistirá con un plan de impulso al crédito productivo ante la morosidad de la banca para brindar financiamiento. El proyecto que están preparando en Economía apunta a que el Banco Nación y el resto de los bancos públicos disminuyan las tasas y extiendan los plazos para estimular el desarrollo y el proceso de sustitución de importaciones. A grandes rasgos, la iniciativa consiste en que esas entidades presten a cinco años a una tasa anual por debajo del 7 por ciento para los sectores exportadores y apenas por encima del 10 por ciento para las pymes vinculadas con el mercado doméstico. El equipo de Martín Lousteau está seguro de que la demanda crediticia estará asegurada, aunque reconocen que las complicaciones se encuentran del lado de la oferta porque, teniendo niveles de inflación superiores a las tasas propuestas, los bancos tendrían que prestar a tasas negativas.

En el Palacio de Hacienda sostienen que el escepticismo de los bancos privados para poder prestar en esas condiciones será contrarrestado por el rol que intentará volver a cumplir la banca pública. Durante la asunción de la presidencia del Banco Nación, Mercedes Marcó del Pont sostuvo que “el desafío para el banco es reorientarse a lo que fue su naturaleza en los orígenes: ser una institución rectora de crédito a la producción”. Marcó del Pont consideró que es necesario poner en marcha el plan lo más rápido posible “porque evidentemente vamos a estar más preservados de las crisis internacionales cuanto más se avance en el proceso de reindustrialización que está llevando a cabo la Argentina”.

La apuesta oficial es que la banca pública funcione como banca testigo, obligando al resto a bajar sus tasas. Desde el sector privado comentaron a Página/12 que “es complicado prestar en esas condiciones”, para explicar que “la diferencia entre lo que se paga a los depositantes y lo que se recibe por prestar sería negativa, además el plazo a cinco años a tasas fijas es un riesgo que muchos no van a querer asumir”. Al respecto, el presidente del Banco Provincia, Guillermo Francos, remarcó que “para poder prestar hay que fondearse y estamos buscando los mecanismos porque no se le puede plantear a un banco cosas imposibles de concretar”.

Consultado por Página/12, el economista Roberto Frenkel señaló que “cuando hay inflación es complicado prestar a tasas fijas a largo plazo: del lado de los depósitos la gente quiere estar cubierta por la incertidumbre y coloca a corto plazo. Así, al momento de prestar, al banco le quedan dos alternativas: tomar y dar plata con un índice de indexación, o dar créditos más largos a tasas variables, que significan riesgos que el tomador no quiere asumir”. Frente a esta situación, el ministro Lousteau afirmó que “dependiendo la necesidad que tengan (las empresas), cuál es su rol dentro de la cadena (de valor), se usarán bonificaciones de tasas”. La intención es que los subsidios no sean generalizados sino que “en donde veamos que hay una oportunidad y queramos dar una señal excepcional, vamos a trabajar con mecanismos de bonificación específicos”.

En ese proceso la banca pública jugará un rol fundamental, ya que “puede otorgar créditos de inversión subsidiados”, comentó Frenkel, para añadir que “éste puede ser uno de los destinos del superávit fiscal”.

El reclamo de nuevas líneas de crédito, con tasas accesibles y plazos más largos, proviene de diversos sectores productivos. La semana pasada, Lousteau apuntó al sector autopartista, algunas ramas de la construcción, el agroindustrial y los exportadores como objetivos principales de los créditos, por considerarlos pujantes y generadores de alto valor agregado. Sergio Vacca, titular de la asociación de metalúrgicos, indicó en un encuentro con Lousteau que a partir de la suba de costos “el sector ha perdido competitividad, por lo que necesitamos acceder a financiamiento a tasas bajas para incorporar nuevas tecnologías y capital de trabajo”. En tanto, el titular de la Fundación Exportar, Marcelo Elizondo, indicó a Página/12 que “hasta ahora el crecimiento de las exportaciones se mantuvo muy dinámico, pero creciendo al 8 por ciento y con niveles de exportación que más allá de que se duplicaron, se necesitan créditos para ampliar capacidad de producción”. Para Elizondo no cabe duda de que los créditos van a tener demanda, pero sostuvo que “la participación de los préstamos en el Producto es de alrededor del 13 por ciento, siendo el stock de crédito mucho más bajo que en Brasil o en Chile”. Entonces concluye que, “por ese motivo, la iniciativa va a mejorar las condiciones de acceso a crédito”.

Desde el sector autopartista, Juan Cantarella, gerente general de AFAC, comentó a este diario que “para acompañar el crecimiento de la producción automotriz hacen falta mayores niveles de inversión”. El fuerte avance de ese mercado, que en 2007 superó records históricos, fue seguido por las empresas fabricantes de componentes. Si bien los niveles de inversión fueron altos, sólo alcanzaron para producir más y mantener la misma participación en los vehículos. Cantarella afirmó que “no se modificó la estructura de los vehículos, no hubo gran modificación en las importaciones, no se produjo una sustitución significativa”, para agregar que “el objetivo ahora es sustituir estas importaciones y el espacio que hay para ganar es en las autopartes importantes”. Recomendó que los créditos que esperan deben ser “a cinco años, con dos de gracia”. Una de las ventajas que posee el sector, según Cantarella, es que “no es necesario crear un mercado de la nada, acá está la demanda y con inversión se puede responder a las necesidades de las terminales”.