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El libro se titula Contabilidad creativa. Fue escrito por Oriol Amat Salas y John Blake, y editado este año en España. Por 18,95 euros permite adentrarse en el fascinante mundo de los fraudes contables empresarios, desmenuzando sus procedimientos, aunque en la Argentina la expresión se popularizó hace algunos años más vinculada a los enjuagues ideados para maquillar el déficit fiscal. Se la consideró incluso un recurso válido, recomendable para sostener la confianza en la convertibilidad. Pero ahora, tras el estallido de los fraudes contables de grandes compañías estadounidenses, el concepto quedó también aquí relacionado con el delito económico privado, y tanto que fue el tema estrella de un curso para investigadores de fraudes que acaba de dictarse en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, bajo la dirección del profesor y perito Alfredo Popritkin.
Aunque no hay delito económico que rivalice con el renombre del lavado de dinero, lo que en Económicas relató Alicia López, presidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) y una de las muchas figuras que desfilaron por el seminario, provocó más desaliento que esperanzas. Cuando un participante quiso conocer la calidad de los equipos de computación y del software de que dispone la UIF, López respondió con una carcajada. Ya había explicado antes que el organismo carece de presupuesto asignado: como tal, muestra la escasa voluntad de redención de una casta política corrupta. ¿Por qué crearon entonces la UIF si no pensaban darle medios para funcionar?
Porque, según explicó López, al iniciarse el gobierno de la Alianza, y con la siniestra estela dejada por el de Carlos Menem, la Argentina corría el riesgo de quedar incluida en una lista negra de “países no cooperantes”, y recibir por tanto sanciones económicas. A partir de la promulgación de la ley que lo creó, el organismo debería haber quedado constituido dentro de los 180 días, pero ello no sucedió. Luego, a comienzos de 2001, se creó una suerte de UIF provisoria, por exigencia de organismos internacionales. Estaba integrada por el ministro de Justicia, el vicepresidente del Banco Central, el director de la AFIP y el superintendente de Seguros de la Nación. En mayo de 2001 esos mismos organismos internacionales plantearon la siguiente pregunta: “Dentro de esa UIF provisoria, ¿quién trabaja?” Era una pregunta lógica, porque cada uno de sus miembros tenía evidentemente otras actividades prioritarias. Detrás de la interrogación asomaba de nuevo la amenaza de estigmatizar a la Argentina como país recalcitrante. De modo que en noviembre de 2001 se dio un primer paso hacia su conformación.
Sin embargo, aún hoy la UIF no está operativa, porque no cuenta con recursos. Incluida en el ministerio de Justicia, goza de autarquía funcional, pero una vez al año debe rendir cuentas al Congreso de la Nación. En diciembre de 2001, la Unidad le envió una nota a cada presidente de Cámara, poniéndose a su disposición y advirtiéndoles que recordaran que carecía de asignación presupuestaria. “¿Ustedes quieren saber qué nos respondieron? Nada –rememora López–. Es más: una senadora nos mandó un pedido de informes, reclamándonos qué cosa habíamos estado haciendo desde el año 2000. Eso nos reconfortó, porque mostraba que tenía conciencia de que la UIF existe.”
Actualmente la UIF consta de tres miembros designados, aunque uno de ellos, que representa a la Sedronar (la que lucha contra la drogadicción y el narcotráfico), está de licencia por ejercer otro cargo. Por lo demás, el organismo carece de estructura y no recibió respuesta alguna a los pedidos que giró a otras entidades gubernamentales de control para que le cedieran personal idóneo. En toda su teórica existencia de más de dos años, la UIF intervino en un único caso, limitándose a analizarinformación recopilada y a emitir una opinión. De las cuatro áreas que conformarán la Unidad, la de Análisis es la más importante. Pero no tiene ningún miembro.
Para ilustrar la falta de capacitación de muchos funcionarios judiciales, López contó un caso que le tocó vivir cuando perseguía maniobras de lavado, restringidas al sistema financiero, desde una gerencia del Banco Central –donde la volvió célebre la animosidad que le dispensaba Pedro Pou–. “Un día recibimos un reporte, referido a una persona sin actividad conocida –contó–. ¿De qué vivía? De ganar en diferentes bingos y casinos, según declaró. Y ganaba muy bien. Con ese dinero había constituido un voluminoso depósito a plazo fijo, que nos fue obviamente reportado como operación sospechosa. Investigamos al individuo, y no hallamos nada suyo en ningún registro de propiedad, y tampoco ninguna sociedad a su nombre. Informamos del caso al Ministerio Público (fiscales), pero después de dos o tres meses nos confesaron no haberle encontrado mérito al caso para iniciar una investigación judicial. Le pregunté entonces al fiscal –prosiguió López– si creía posible que alguien tuviera tanta suerte y ganara tanto dinero en las maquinitas. Pero su parecer no varió y me devolvió los diez cuerpos de documentación, cuyo archivo dispuse. Pasado un mes y medio, el mismo fiscal me llamó desesperado. ‘¡Alicia, Alicia! –me dijo–, ¿te acordás del caso aquél? ¿Guardaste los papeles? Los necesito con urgencia. Vino un exhorto. ¡Al tipo lo están buscando en Viena por lavador de narcodólares!’ Estos delitos hay que saber entenderlos. Pero me pasó tener que explicarle a un juez que las transferencias de fondos no se hacen mandando los billetes en containers.”
Popritkin, que intervino en más de 600 investigaciones criminales, recuerda a su vez casos emblemáticos como el de Yacyretá. Ocho peritos, incluidos los de la defensa y la querella, revisaron pilas de contratos, pagos y certificaciones de obra realizadas a través de complejas fórmulas polinómicas. Trabajaron un año contra reloj, hasta llegar a un informe final, tras largos y agotadores debates. “Sin embargo, tiempo atrás me enteré –relata a Página/12– que el caso quedó prescripto, con lo cual el esfuerzo realizado no sirvió para nada.” (Es sabido que la prescripción es el medio más utilizado para desbaratar la justicia.) Pero hay también historias con final feliz para los investigadores: por ejemplo aquella en que PecomNec debió devolver 9 millones al Estado porque ENTel, antes de ser privatizada, añadió un cero a una factura de su proveedor. Debía pagarle un millón, pero le pagó diez. Cualquiera se equivoca.