El Senado de la Nación otorgó ayer media sanción al proyecto de ley para la promoción de inversiones en bienes de capital y obras de infraestructura. La normativa impulsa un régimen para el tratamiento fiscal de las inversiones entre octubre de 2007 y septiembre de 2010, como continuación de los mismos incentivos aprobados en 2004, cuando Roberto Lavagna era ministro de Néstor Kirchner. El cupo fiscal asciende a los 1000 millones de pesos para grandes empresas y otros 200 millones para las pequeñas y medianas empresas. “Es importante incentivar la inversión para satisfacer tanto la demanda interna como la externa. Este proyecto es una buena señal para los inversores que están mirando al país”, afirmó el senador Roberto Urquía, titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Por su parte, la senadora por la ciudad de Buenos Aires María Eugenia Estenssoro criticó que los beneficios resultan inequitativos, ya que favorecen a las empresas más grandes del país y dejan afuera a las pymes.

En 2004, el cupo fiscal para las inversiones en bienes de capital y obras de infraestructura llegó a utilizarse en un 90 por ciento; al año siguiente fue en un 12 por ciento. Mientras que el año pasado no se llegó a cubrir más del 8 por ciento. “Hemos hablado con el ministro de Economía, Martín Lousteau, para que el Poder Ejecutivo tenga en consideración a las pymes, es decir que les facilite el acceso a estos beneficios. Y por nuestra parte, creo que debemos iniciar una tarea de informar, provincia por provincia, cuáles son los alcances de la promoción para que la herramienta no continúe subutilizándose”, indicó el senador Urquía a Página/12.

Quienes adhieran a este régimen de promoción de inversiones podrán obtener la devolución anticipada del impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente a los bienes u obras de infraestructura, o practicar una amortización acelerada del impuesto a las Ganancias. Además de los 1200 millones de pesos, hay un cupo libre para fideicomisos –para impulsar obras energéticas, hídricas, mineras–, que será otorgado exclusivamente por la autoridad de aplicación, es decir, el Ministerio de Economía. El ministro Lousteau estuvo reunido, horas antes de la votación, con los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda para dejar en claro que la autoridad de aplicación recaería sobre su ministerio y no sobre el de Planificación.

Las empresas que accedan al régimen dentro del primer año podrán anticipar amortizaciones en tres cuotas y, a medida que pase el tiempo, los beneficios se irán atenuando. Por otro lado, los bienes de capital que se compren deberán ser nuevos. Este punto es criticado, ya que muchas veces es más accesible comprar en el exterior maquinaria usada pero cuya tecnología podría ser usufructuada por las pymes.

En este sentido, la legisladora de la Coalición Cívica María Eugenia Estenssoro, quien votó en contra del proyecto, recalcó que mientras desde el Poder Ejecutivo se habla de justicia social, “este tipo de promociones otorga beneficios a los que más tienen. Son las pequeñas y medianas empresas las que más han subutilizado estas herramientas de promoción fiscal”. Por otro lado, Estenssoro apuntó que, en el caso de los fideicomisos, si bien será el Ejecutivo el que determine los montos de la promoción fiscal, nada dice la ley sobre el criterio que se utilizará para su aplicación. Sobre este punto, muchos legisladores no dejaron de recordar las irregularidades del caso Skanska y del fideicomiso del Banco Nación.

Por su parte, el senador de Tierra del Fuego José Carlos Martínez indicó que, antes de discutir una herramienta fiscal para promocionar bienes de capital y obras de infraestructura, “se debería discutir un modelo productivo y de coparticipación, ya que las provincias son las que aportan recursos para este tipo de financiamiento y no se ven beneficiadas de la misma manera”. Más allá de las críticas, el oficialismo obtuvo 49 votos a favor y cuatro en contra. En diálogo con Página/12, el senador Urquía afirmó que trabajará juntamente con Lousteau para que en 2010 se haya utilizado todo el cupo fiscal destinado a promover inversiones, tanto en grandes empresas como en pymes.