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El eje del reciente conflicto del gobierno nacional con los movimientos y organizaciones barriales de desocupados ha sido el cuestionamiento a la instrumentación del Programa Argentina Trabaja. Las organizaciones, algunas de ellas muy ligadas al Gobierno en etapas anteriores, acusan al Ministerio de Desarrollo Social de “incumplir el compromiso para la incorporación de desocupados en cooperativas más allá del manejo clientelar de los intendentes del conurbano”. Este programa, concebido como una política de shock contra el desempleo y la pobreza, debía arrojar resultados en el corto plazo con la creación de cien mil puestos de trabajo. Pero el compromiso de acuerdo alcanzado con la ministra Alicia Kirchner se frustró al llegar al eslabón de los jefes municipales, muchos de los cuales gozan de escasa simpatía en las agrupaciones barriales.

El problema de la pobreza resurge como resultado de una política económica que no logró romper con todos los lazos que la unen al modelo neoliberal impuesto en las décadas anteriores que, pese a un fuerte y sorprendente crecimiento durante un lustro, no logró “derramar” sus efectos hacia la totalidad de la población. Las condiciones de concentración de las estructuras productivas siguen determinando un modelo que todavía dista de “incluir a todos” y más aún, de distribuir equitativamente los resultados.

Las organizaciones barriales, piqueteros y desocupados, emergieron como reacción a la crisis social de los ’90 –en la segunda mitad de esa década–, producto de la apertura económica, la precarización laboral y las privatizaciones. Entre 2003 y 2005 tuvieron un repliegue a la luz de los resultados de la inclusión laboral, el crecimiento económico y el aumento del consumo, que dinamizó el mercado interno. A partir de 2008 reaparecen, en virtud de cierto agotamiento del modelo productivo concentrado y un reacomodamiento de precios en favor, obviamente, de los más poderosos (son los que están en mejor condición de fijar precios, propios y ajenos, en un mercado concentrado).

La respuesta del Gobierno, a través del Ministerio de Desarrollo Social, fue buscar redes de contención e inclusión mediante mecanismos alternativos en la economía social. Dejó de lado los planes de subsidios y buscó implementar la creación de cooperativas, asegurándoles trabajo mediante la obra pública municipal financiada desde el gobierno central. Pero, una vez más, las estructuras burocráticas y políticas intermedias jugaron en contra de las mejores definiciones.