ECONOMíA
Consenso para cerrar una canilla de 1500 millones
Tanto el Gobierno como las petroleras aseguran que pasará al olvido la resolución “de despedida” de Pignanelli que obliga a liquidar todas las divisas en el país.
Por Claudio Scaletta
En el equipo económico están molestos y no lo disimulan. El reciente dictamen técnico del Banco Central que obliga a las petroleras a liquidar el ciento por ciento de las divisas provenientes de sus exportaciones fue considerado como “una despedida” del contador Aldo Pignanelli. La medida, conocida el pasado viernes, obligará al Gobierno a asumir el costo político de un impopular respaldo a las petroleras. Las multinacionales que operan en el país exportan cerca de 2500 millones de dólares por año. Si se toma el dictamen taxativamente, las empresas deberían liquidar todo lo que dejaron en el exterior durante el año, más de 1500 millones de dólares. Una alta fuente del equipo económico y voceros de las empresas del sector confirmaron a Página/12 la existencia de un consenso para anular el dictamen, probablemente con un nuevo decreto.
El decreto de “desregulación del mercado petrolero” fue firmado por el ex presidente Carlos Menem a poco de asumir. Entre sus puntos salientes destacaba el permiso para que las petroleras dejen en el exterior el 70 por ciento del valor de sus ventas al exterior. Con la flotación del peso, la retención de divisas por parte de los exportadores y la disparada del dólar, en el Gobierno se acordaron del decreto. Celosos de los codiciados dólares, fueron los propios bancos los que pidieron instrucciones al Gobierno sobre qué tratamiento dar a las exportaciones petroleras. Luego de atravesar algunos vericuetos burocráticos la cuestión terminó en la Procuración del Tesoro, donde se determinó, en base a la Ley de Emergencia Económica, la ilegalidad del régimen especial para los petrodólares. Sin embargo, el poderoso lobby sectorial impidió que la sugerencia de la Procuración se transforme en obligación. Se argumentaba que era necesario dar señales de previsibilidad a los inversores del exterior. En la propia Secretaría de Energía se excusaban diciendo que el tema se trataba “más arriba, en presidencia y en jefatura de gabinete”. En danza estaban nada menos que 200 millones de dólares mensuales. Aldo Pignanelli, a quien correspondía firmar la orden a los bancos, demoró su responsabilidad hasta último momento. Incluso el dictamen del viernes no lleva su firma.
“No estamos notificados, Pignanelli no firmó nada”, dijo a Página/12 un vocero de las petroleras. “Apenas hay una nota firmada por personal técnico. Esto no necesariamente marca un cambio”, destacó. “El Poder Ejecutivo siempre respetó la vigencia del 70-30 (liquidar en el país sólo el 30 por ciento de las divisas), siempre se comprometió a cumplirlo, tanto formal como informalmente. Incluso lo comprometieron con el Fondo Monetario Internacional”, afirmó.
Otras fuentes de las petroleras destacaron que “dadas las actuales circunstancias, el sector no descarta una ratificación expresa del Poder Ejecutivo” sobre la libre disponibilidad del 70 por ciento de las divisas.
Los reaseguros jurídicos de las petroleras van más allá del decreto de Carlos Menem. Muchos contratos de concesión, en particular los más recientes, tienen especificado el tratamiento de las divisas, lo que habilitó a que, una vez sancionada la Ley de Emergencia Económica, algunas firmas realicen acciones judiciales preventivas ante la Justicia Federal de sus respectivas jurisdicciones.
Una alta fuente del Ministerio de Economía dijo a este diario que el Gobierno intentará ahora consensuar con las petroleras nuevas variantes. La liquidación del ciento por ciento está descartada. La propuesta de mínima es que formalmente se las deje continuar con el 70-30, pero que liquiden más, por ejemplo hasta un 50 por ciento, cuando las necesidades monetarias así lo requieran. Otra posibilidad, es que dicho 50 por ciento sea obligatorio, pero que la diferencia del 20 por ciento sea destinada a la creación de un “Fondo fiduciario para las industrias culturales”. A cambio de los dólares, las petroleras recibirían acciones preferenciales en garantía.