El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, explicó a Página/12 cómo será la metodología de trabajo para alcanzar la redacción final del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial. Además, adelantó que una vez que se termine el proyecto, se dará la discusión en el Congreso nacional.

–¿Cómo se implementa el plan?

–Lo primero que se hará será una capacitación en todo el país –los días 28 y 29 de mayo– para que los coordinadores de cada provincia estén interiorizados en cómo debe completarse la matriz de trabajo. La capacitación será dada por las distintas universidades nacionales, el INTA y el Senasa. Una vez realizada la instrucción, cada jurisdicción conformará once mesas de trabajo, integrada por toda la cadena de valor agroindustrial. Esta será la primera fase. Después cada provincia deberá establecer los escenarios futuros para el sector, con sus fortalezas, oportunidades y debilidades, luego una comparación con la actual coyuntura, para determinar cuáles son las brechas entre los objetivos, hasta llegar a la última etapa, que será la definición puntual de las políticas del plan. Lo interesante de este procedimiento es que cada 30 días habrá un proceso de convalidación, para llegar a la última fase con toda la discusión dada. Este proceso debería finalizar dentro de diez meses.

–El plan estratégico plantea la necesidad de sancionar una serie de leyes, como las de semillas y arrendamientos. ¿Cómo cree que será ese proceso de negociación política?

–Lo ideal sería que los legisladores puedan participar del debate para terminar de convalidar la mirada de seis años que estamos proponiendo. A partir del trabajo que se haga en cada una de las fases, saldrá un conjunto de instrumentos que podría convertirse en ley. Cuando tengamos armando todo el plan estratégico, lo presentaremos en el Congreso para abrir el debate.

–¿Pero no cree que habrá una dura puja política a la hora de plantear una nueva ley de arrendamiento, por ejemplo?

–Tanto esa normativa, como una ley para el uso sustentable del suelo, son debates que nos debemos. Cuando se discuta un nuevo marco regulatorio para las semillas tendrá que quedar claro si la Argentina está dispuesta a seguir en el camino de la biotecnología, y eso también traerá aparejado una fuerte discusión. Una vez que estas iniciativas estén en el Parlamento, serán las fuerzas políticas las que definan.

–¿Cuál será el impacto de este plan en el PIB?

–Es muy difícil hacer una estimación. Lo que estamos planteando es una economía sin hambre para 2016. Y para lograr esto, necesitaremos que los colegios agrotécnicos, como las universidades agrarias estén al servicio de las necesidades del país. Nuestra apuesta es duplicar la generación de valor agregado, y eso tendrá un claro impacto en el PBI.