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No los unió el amor, decían, sino el espanto de que las retenciones móviles les recortaran, aunque fuera en parte, las súper ganancias que producía el record histórico del precio de la soja (año 2008). Ahora se vuelven a desunir, pero no por desamor ni por alivio ya pasado el espanto. Fue el Día de la Memoria el que le refrescó la “ídem” a Eduardo Buzzi para ver que sus actuales compañeros de ruta eran los socios de una dictadura que despedazó, literalmente, a una generación para volver a controlar los resortes del poder económico y político.

El camino recorrido por la Sociedad Rural en más de un siglo de historia es por demás coherente como para no asombrarse de encontrarla colaborando con la dictadura del ’76. Pero su aporte viene de antes, cuando empezó a trabajar en el armado del escenario para posibilitar el golpe.

Sociedad Rural y Confederaciones Rurales advirtieron tempranamente que la muerte de Perón, el 1º de julio de 1974, abría la oportunidad para trabajar en una paciente labor de desgaste que acabara con el gobierno heredado por Isabel Martínez. A fines de ese año, ya habían constituido el denominado Comité de Acción Agropecuaria, un grupo de choque contra las políticas intervencionistas del gobierno.

Según cita Vicente Muleiro en su libro 1976, El Golpe Civil, en dicho comité participaron Coninagro y Federación Agraria, aunque esta última “con algunas discrepancias”. Una frase recurrente tras la experiencia reciente de la Mesa de Enlace.

Ya en 1975, los factores de poder económico se lanzaron a una abierta ofensiva contra la gestión oficial, rechazando todo tipo de regulación y caracterizando la situación, permanentemente, como “un insoportable estado de anarquía”. La expresión llevaba directamente a pensar en “vacío de poder”, y si había vacío alguien debía ocuparlo. Pero todavía se darían algunos meses para proponer cómo.

Dentro de esos núcleos empresarios de presión contra el Estado se destacó el papel de las organizaciones agropecuarias. El ya mencionado Comité de Acción Agropecuaria lanzó cinco paros durante ese año 1975, con una secuela de desestabilización pocas veces igualada. Si se pretendía sembrar un clima de caos, el desabastecimiento de alimentos en los centros urbanos le caía como anillo al dedo. Su impacto fue, incluso, mayor –según quienes analizaron y escribieron sobre los acontecimientos de época– al que logró el conjunto de organizaciones empresarias con el lockout nacional del 16 de febrero de 1976, empujón final a una democracia que ya estaba condenada.

El conglomerado que lanzó este último lockout también tuvo una actuación estelar de la Sociedad Rural. La Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (Apege) nace como expresión de esa clase dominante necesitada de sacarse de encima las ataduras de un Estado que pretendía regularla y administrar la economía en favor de objetivos sociales. En defensa de las libertades nació Apege, que tuvo a Celedonio Pereda (presidente de SRA), José Alfredo Martínez de Hoz (socio notable y descendiente directo de dos presidentes de la Rural), Jorge Zorreguieta (Centro Azucarero, hoy consuegro de la reina de Holanda) y Jorge Aguado (CRA), entre sus figuras notables.

Con la dictadura ya instalada, la historia es conocida. Martínez de Hoz resultó la mejor síntesis para expresar el modelo de apertura, desindustrialización y concentración económica que iba a imponerse. La Sociedad Rural cedió a “uno de sus mejores hombres” para ocupar el cargo clave tras el golpe y por cinco años. Su preponderancia, y la de los intereses que representaba, fue tal que cuando Estados Unidos declaró el embargo contra la Unión Soviética, Argentina no adhirió para no perder el negocio de venta de cereales a esa potencia (marzo de 1977).

Nada de esto era desconocido en 2008, cuando la Mesa de Enlace pretendió igualar a “chacareros”, hacendados y fondos de especulación en un mismo reclamo contra el Gobierno, y transformó un reclamo sectorial en un intento desestabilizador. La Memoria vale, aunque tarde en llegar. Sea, entonces, bienvenida.