Los aspirantes a jueces Emmanuel Catardo y Fernando Mora estaban a cargo de las secretarías del Juzgado Nacional Nº 3 de la Seguridad Social. Desde ese lugar manipulaban liquidaciones de sentencias en favor de jubilados para beneficiarlos con retroactivos superiores al millón de pesos y reajustes de haberes que los dejaban arriba de los 50 mil. Además, les asignaban fuertes honorarios a los abogados que patrocinaban a esos jubilados, algunos de ellos familiares o amigos. Todo esto figura en la denuncia penal que hizo la Anses contra esos funcionarios ante la Justicia y en la presentación que elevó al Consejo de la Magistratura. A raíz de ello, la Corte Suprema tomó intervención y resolvió primero suspender y luego cesantear a los involucrados. “Hemos dado con los caranchos previsionales. Hace más de un año que estamos presentando denuncias a distintos juzgados por fraudes” similares, sostuvo Diego Bossio, director de la Anses.

“Hay situaciones de connivencia entre abogados previsionales y la Justicia para sacar determinados expedientes, con sumas realmente abultadas”, acusó ayer el funcionario, en declaraciones radiales. La sospecha que guía el accionar de la Anses es que existen numerosas situaciones como ésas en tribunales. En rigor, no sólo allí. Bossio implementó el año pasado un nuevo sistema de liquidación de sentencias dentro de la Anses para evitar que empleados del organismo privilegiaran determinados expedientes en desmedro de otros. En particular, que pagaran primero las causas de jubilados a quienes había que cancelarles retroactivos por fuertes sumas y dejaran atrasados otros expedientes menos onerosos. La presunción era que había estudios jurídicos interesados en cobrar esos casos, quienes lograban “el favor” de algunos empleados. En lugar de ese régimen, desde mediados de 2011 se aplica un sistema por el cual se definen prioridades –cobran primero las personas de mayor edad y con causas más chicas– y un mecanismo informático que limita arbitrariedades.

La denuncia contra Catardo y Prado tiene más de un año. El caso recayó en el juzgado federal a cargo de Sergio Torres. Según la Anses, las irregularidades se produjeron en general con expedientes previsionales que tramitaron durante varios años, con embargos trabados contra el organismo. En esas causas, los abogados patrocinantes originales eran desplazados por otros, vinculados con los secretarios. Después del reemplazo, estos últimos aprobaban una nueva liquidación por montos superiores a los dispuestos en un principio: hacían trepar los retroactivos por arriba del millón de pesos. Pero no se notificada de esto a la Anses. Como se trataba de expedientes con embargos trabados donde existía dinero depositado para su cobro, el juzgado libraba los cheques y el jubilado conseguía los fondos. “La Anses no podía ejercer su derecho de defensa”, sostuvo el organismo.

Al mismo tiempo, los secretarios asignaban “cuantiosas sumas de dinero para estos ‘nuevos’ abogados en concepto de honorarios, por una tarea nula”, señaló la Anses. La investigación del organismo avanzó luego de que el abogado original de uno de esos casos hizo la denuncia tras haber sido desplazado. Catardo y Mora figuraban en la nómina de aspirantes a jueces en uno de los concursos convocados por el Consejo de la Magistratura.

“Todos los expedientes superaban el millón de pesos y efectivamente era una estafa a la Anses, una estafa al Estado argentino porque las liquidaciones previstas originalmente eran muy inferiores”, indicó Bossio, al explicar la maniobra. “En uno de los casos el juzgado ya le pidió al jubilado que devuelva los recursos a la Anses y en otros casos sigue el proceso”, precisó. El jefe de la Anses insistió en que “es una operación que estamos viendo de manera muy recurrente” y recordó cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner habló de los “caranchos previsionales”. “Son situaciones muy injustas, donde se alteran los procesos y se generan privilegios”, completó.