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La minera brasileña Vale tiene 48 horas para que aclare la suspensión de sus actividades en el yacimiento Potasio Río Colorado y elabore una evaluación del impacto sociolaboral de su salida. El plazo fue acordado ayer en una reunión que encabezó el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, junto a otros funcionarios de esta y otras carteras y a gobernadores y ministros de las provincias involucradas en el proyecto, con los directivos de la empresa. Tras un intenso debate, que incluyó pases de factura a los representantes de Vale, se definió un cuarto intermedio hasta las 10 de mañana en la sede de Trabajo. El presidente de la minera, Sergio Leite, fue interpelado por la supuesta irresponsabilidad de la compañía, al dejar a 6000 trabajadores sin empleo. Los gobernadores amenazaron con quitarle la concesión. La reunión continuó luego sin la presencia de Leite y sus abogados, donde se coordinó mantener una postura intransigente en materia del impacto laboral.

El lunes pasado, Vale comunicó al gobierno nacional la suspensión de las inversiones en el proyecto de producción de sales de potasio, que ascendían en un primer momento a 6000 millones de dólares, pero que la empresa recalculó en casi 11.000 millones. Por este motivo, había solicitado al Estado argentino una serie de ventajas impositivas, estimadas por la Rosada en unos 3000 millones de dólares en el transcurso de dos años, para continuar con el proyecto. Ante la negativa, definió su salida bajo el argumento de malos fundamentos económicos. Tras conocerse la decisión, Tomada convocó a las partes involucradas para que la empresa notifique el plan para su salida y evaluar alternativas para preservar las fuentes de trabajo.

El ministro Tomada estuvo acompañado por la secretaria de Trabajo, Noemí Rial, y el secretario de Empleo, Enrique Deibe. Participaron los gobernadores de Mendoza, Francisco Pérez; de Río Negro, Alberto Weretilneck; y de Neuquén, Jorge Sapag; el secretario de Minería, Jorge Mayoral; el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Oscar Cuartango, y el intendente de Bahía Blanca, Gustavo Bevilacqua. De Vale acudió su presidente con dos abogados. El encuentro comenzó a las 15.30 y se extendió poco más de una hora con la empresa y un lapso similar con los gobernadores.

De un lado de la mesa de negociación se ubicó Tomada. Frente al ministro se sentó Leite con sus abogados. Los funcionarios esperaban alguna aclaración por parte de la empresa. “Vengo a escuchar”, desafió en un principio Leite. La frase descolocó a Tomada, quien lo increpó: “¿Cómo que vengo a escuchar? Usted entiende que está despidiendo a unas 6000 personas. Esto es totalmente irresponsable. No es un tema minero, sino laboral”, contestó, según la secuencia relatada a Página/12 por uno de los presentes. El clima en la reunión dejó de ser cordial. Los gobernadores presentaron sus demandas. “Ustedes tienen que hacer un plan razonable de salida, conseguir un socio y hacerse cargo de los salarios o le quitamos la concesión del puerto”, le dijo Bevilacqua. La explotación de la empresa de ese puerto en Bahía Blanca era parte del proyecto para el embarque del potasio. El gobernador de Mendoza elevó la apuesta y amenazó con quitarle la concesión sobre el proyecto.

El titular de la empresa se excusó de no poder dar más detalles sobre la decisión de suspender las obras en el yacimiento, porque debe consultarlas con la junta directiva de la empresa. Tampoco brindó definiciones acerca de si se trata de una suspensión o si abandona las obras. Sin mayores respuestas por parte de los responsables de la minera, Tomada le exigió a Leite dar la orden de no enviar los telegramas de despido. El empresario se comprometió a responder a esa cuestión hoy o mañana. La minera envió por la mañana una nota a las autoridades de Mendoza en la que hizo extensivo la comunicación de su decisión y que en un plazo 30 de días enviaría un plan de suspensión por tiempo indeterminado. Las autoridades locales le exigieron además que presente un plan de impacto sociolaboral. La reunión pasó a un cuarto intermedio hasta mañana a las 10. Los gobernadores, ministros e intendentes presentes continuaron analizando las implicancias de la medida y la posibilidad de reducir los despidos en caso de que la empresa no brinde respuestas.