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La advertencia oficial sobre el riesgo que corren estatales, jubilados y beneficiarios de planes alimentarios y de empleo, cuya suerte está atada a la trastabillante recaudación tributaria, es, en alguna medida, un mensaje dirigido al propio seno de la administración pública nacional. En plena discusión del Presupuesto Nacional para el año en curso, muchos ministros golpearon las puertas de la Secretaría de Hacienda para defender los recursos de su área, intentando sustraerlo de un inevitable ajuste.
Según un cable difundido anoche por la agencia EFE, el gobierno habría firmado un decreto para reducir en un 30 por ciento los cargos políticos y suprimir definitivamente dos ministerios: Infraestructura, que será absorbida por Economía, y Turismo y Deporte, que resultaría degradado a Secretaría.
Casi al mismo tiempo que aquella agencia informaba sobre esta norma, el secretario de Hacienda, se lamentaba sobre su frustrado intento de reducir dependencias públicas, garantizando el pago de salarios a su personal. Por esta vía, el Estado podría ahorrarse el pago de servicios y otros costos operativos, necesarios para el funcionamiento de algunas dependencias oficiales.
Oscar Lamberto incluyó en el proyecto de Presupuesto Nacional un artículo que preveía el cierre de dependencias públicas, con la condición de mantener a modo de subsidio el salario sobre los agentes ocupados allí. Pero apenas ingresó al Parlamento el ítem desapareció del texto.
Igualmente estériles parecen sus esfuerzos para enfrentar la avidez de los ministros que intentan defender a capa y espada los presupuestos de sus jurisdicciones. Es una historia de rutina, que vuelve a repetirse en el medio de una de las crisis fiscales y financieras más severas: funcionarios que presionan sobre Hacienda para zafar de un recorte de gastos ciertamente ineludible.