A partir del programa Precios Cuidados, los legisladores del Frente para la Victoria presentaron en el Congreso algunas iniciativas para mejorar la “defensa de los consumidores” y evitar los abusos de posición dominante de algunas empresas. La oposición también presentó iniciativas en este sentido. A pesar de que el jefe político del Frente Renovador, Sergio Massa, sostuvo que Precios Cuidados “no servía para nada”, uno de sus legisladores, Oscar Martínez, presentó un proyecto que avala la iniciativa gubernamental. Por el lado del oficialismo, sobresalen las iniciativas de los diputados Héctor Recalde y Juan Cabandié, y del senador Aníbal Fernández.

El texto presentado por Recalde busca potenciar las herramientas legales que hoy tiene el Estado para intervenir en la formación de precios de la economía. La propuesta analizó la Ley de Abastecimiento, de Lealtad Comercial y de Defensa del Consumidor, con el objetivo de introducir cambios en el plazo y los montos de las sanciones que aplica el sector público a los empresarios que “alteran la estabilidad, razonabilidad y previsibilidad de los precios”.

Uno de los instrumentos planteados apunta a otorgarle al Estado un mayor margen legal para decidir respecto del destino de la producción de sectores estratégicos de la economía argentina. “Se facilita el ejercicio de las facultades que ya otorga la Ley de Abastecimiento para expropiar los bienes que sean objeto de maniobras de desabastecimiento, acaparamiento o especulación, y de intervenir y disponer la venta de productos y mercaderías”, sostiene la iniciativa.

El proyecto presentado por Cabandié, y avalado por varios legisladores del Frente para la Victoria, establece la clausura preventiva frente a los reiterados incumplimientos de los comercios. “Lo cierto es que el sistema sancionatorio establecido en la normativa vigente resulta obsoleto, ya que no se ajusta a las nuevas realidades sociales y comerciales. Ello torna ineficaz todo el sistema propuesto, ya que las infracciones aumentan año a año y vemos con preocupación que las sanciones aplicadas no llegan a disuadir a las mismas empresas de no cometer nuevas infracciones. Es por ello que proponemos modificar las facultades de la autoridad de aplicación y el régimen sancionatorio vigentes”, puede leerse en el texto.