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Ayer, a tres días de un vencimiento por 2880 millones de dólares con el Fondo Monetario, el presidente Kirchner aseguró que no firmará “cualquier cosa” con el organismo con tal de cerrar un acuerdo, aunque se declaró “acuerdista”, reiterando que no se comprometerá a aumentar las tarifas según un cronograma sin antes renegociar los contratos con las privatizadas ni a elevar el superávit fiscal primario, contra lo que propugna el “neoliberalismo” local. “Ya vimos lo que nos pasó con esas recetas: más del 50 por ciento de pobreza e indigencia”, dijo el jefe de Estado, en cuyas manos quedó la instancia decisiva de la pugna con el FMI.
Por el lado del equipo económico se guardó un estricto hermetismo acerca de la marcha del forcejeo con el organismo. La sensación es que Presidencia adoptó una línea más rígida frente a las presiones del Fondo, con lo que el protagonismo de la negociación dejó de estar, en estas horas decisivas, en manos de Roberto Lavagna, ministro de Economía, y Guillermo Nielsen, secretario de Finanzas. Pero como un trasunto de divergencias en la cúpula oficial, Alberto Fernández, jefe de Gabinete, declaró por radio que es “imperioso” acordar con el Fondo.
Kirchner, que retornó ayer desde Santa Cruz a Olivos, dijo que el default argentino merece estar en el libro Guinness de los records, porque ningún otro país alcanzó lo mismo. En el mismo discurso, pronunciado en su provincia, volvió a señalar que “los organismos internacionales no deben ser centros de operaciones de grupos empresarios, bancarios o financieros”, en alusión a las exigencias planteadas por el FMI en relación a las tarifas y a las compensaciones para la banca.
Como se sabe, el avance hacia un acuerdo quedó trabado por diversas objeciones al texto que la Argentina se mostró dispuesta a rubricar. Una divergencia clave se refiere al ahorro que deberá hacer el Estado para afrontar los servicios de la deuda. En este sentido, se pretende que el país ofrezca a los acreedores privados un pago inicial como gesto tras el prolongado default, pero ocurre que con un superávit fiscal primario de 3 por ciento para 2004 no alcanzaría el dinero. El hecho es que el Gobierno se niega absolutamente a comprometer un mayor ajuste.
Acerca de las tarifas, los gerentes del FMI reclaman algún guiño, un compromiso siquiera vago que se parezca a un cronograma de aumentos, para calmar así a los europeos. Pero Buenos Aires antepone la renegociación de los contratos. Ayer el ministro de Interior, Aníbal Fernández, calificó de “ridículo” que las privatizadas pretendan un incremento tarifario cuando no han cumplido con los contratos. En cuanto a la compensación a los bancos por los amparos, el Poder Ejecutivo la rechaza mientras no haya un pronunciamiento en firme de la Justicia sobre la materia.