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Rescatar una concesión es para el Estado algo mucho menos sencillo de lo que puede suponerse a priori y, para algunos adjudicatarios, una sanción bastante menos penosa de lo que a veces se imagina. Quizá por ello, el gobierno no tiene vocación estatizante y algunas empresas, como la sociedad de Sideco Americana y el Banco de Galicia, optarían sin disgusto por el camino que eligió Telecom: cederle su lugar en el Correo Argentino a otro, si hubiera quien pague por ello. Reestatizar una concesión obliga al Estado a optar por dos caminos: o la administra por sí mismo o se la entrega a otra empresa privada.
Según demostró la gestión de Néstor Kirchner, la primer alternativa no le seduce demasiado: eligió reprivatizar las rutas nacionales por el sistema de peaje, cuando podría haberle puesto fin a este régimen de las casillas ruteras por la sola culminación de los contratos que se firmó en la era de Carlos Menem y renegociaron otros gobiernos.
Ningún dirigente oficial ignora que no es tarea sencilla reconstruir los cuerpos gerenciales de cada empresa, desmantelados tras las privatizaciones. En casos de déficits operativos, el Tesoro tendría que cubrir con recursos fiscales esos baches, restando recursos que hoy asignó a otros destinos. En otros, correría el riesgo de exponer al Estado a la pérdida de juicios multimillonarios, gestionados en jurisdicción internacional, donde las consideraciones políticas sobre las recurrentes crisis internas poco tallan.
Tampoco es tarea sencilla promover un cambio de manos reemplazando un adjudicatario por otro, menos cuando el negocio no es muy próspero -aunque sea por cuestiones coyunturales– o cuando el que se va se resiste a hacerlo cargando íntegra su deuda en moneda dura, contraída al amparo de la convertibilidad. Aeropuertos Argentina 2000 y el Correo Argentino, dos potenciales candidatas a la rescisión, plantean varios de aquellos problemas.
Los ingresos de las estaciones aéreas cayeron por la disminución de pasajeros y la reducción de frecuencias de las pocas aerolíneas que quedan en pie. Entre ellas, la nueva asociación de la estatal Lafsa y SW, una firma mixta que hoy inicia sus operaciones: paradójicamente, la empresa de la que también es accionista Eurnekian operará sostenida por subsidios que acaba de otorgarle el Estado.
Franco Macri, en tanto, espera que sea el Estado quien lo libere de un negocio que dejó de interesarle hace tiempo. Pero lejos de esperar tranquilo esta posible retirada, embistió contra el fisco con reclamos millonarios de modo tal que pueda abandonar la concesión sin el lastre de ninguna carga.