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“Salgo todos los días”, confesó días atrás el dictador Reynaldo Bignone a la televisión francesa. En teoría, el último presidente de facto debería estar preso porque la Justicia lo procesó con prisión preventiva, al considerarlo autor mediato de la sustracción sistemática de menores, hijos de desaparecidos en su mayoría, durante la dictadura. Pero como tiene más de 70 años goza del beneficio del arresto domiciliario. Página/12 confirmó que tiene autorización judicial para ir al Hospital Militar, para ir a nadar y para concurrir a una entidad para discapacitados. La querella acudirá hoy al juzgado para verificar esto y pedirá que le sea revocado el permiso para algunas de las salidas, con el apoyo de la fiscalía.
Bignone recibió a la periodista Marie-Monique Robin en su departamento del barrio militar ubicado sobre la calle Dorrego. “Puedo salir de la casa con la autorización del juez para ir al Hospital Militar Central, que me queda a tres cuadras. Es mi country”, se consoló. Y siguió con la descripción de sus paseos. “Además tengo autorización para ir dos veces por semana al Círculo Militar a nadar. Y como tengo un hijo discapacitado mental y soy socio fundador de un instituto especializado, tengo permiso para ir a las reuniones de la comisión directiva, los viernes. Salgo casi todos los días (...). No le digo que esta detención domiciliaria sea agradable, pero es soportable”, explicó en la entrevista.
El abogado Alberto Pedroncini, que representa a una parte de los querellantes en esta causa, opinó que “es una tomada de pelo” y hoy pedirá al juez federal Jorge Urso que confirme por escrito si es cierto que Bignone tiene autorización judicial para salir de su casa. Cuando verifique esta situación solicitará que le sean revocadas las autorizaciones porque se trata de “salidas sociales”. Una alta fuente judicial aseguró a Página/12 que esos permisos habían sido otorgados por el ex juez Adolfo Bagnasco, que estaba a cargo del juzgado federal 7 antes de renunciar. Si bien la práctica de natación fue concedida a partir de una prescripción médica, Bignone aprovecharía esas tardes para hacer sociales en el Círculo Militar. El fiscal federal Eduardo Freiler adelantó que apoyará la iniciativa de la querella.
De los once ex jerarcas militares procesados en esta causa, siete gozan de arresto domiciliario, un beneficio previsto en el artículo 33 de la ley 24.660 de Ejecución Penal que establece que pueden gozar del mismo los “condenados mayores de 70 años o el que padezca una enfermedad incurable en período terminal”. No son muchos los presos comunes que llegan a esa edad, pero la realidad cotidiana en las cárceles indica que ni esos pocos ni los detenidos que padecen sida (de hecho ese artículo de la norma fue inspirado en principios humanitarios) suelen acceder a permisos tales como los que gozan Bignone y otros represores. La polémica sobre el arresto domiciliario empezó en 1998, cuando le fue concedido a Jorge Videla. El jurista Raúl Zaffaroni había expresado entonces que nunca se opondría a un beneficio para personas mayores o enfermas, “siempre y cuando se otorgue en forma igualitaria”.