A lo largo de los últimos quince años, la carroña del sistema financiero internacional logró desmontar las barreras de protección contra los buitres, con los que contaban los procesos de reestructuración de deuda soberana en diferentes sistemas judiciales del mundo, como Nueva York y Bruselas. A partir del año 2000 consiguieron que distintos jueces les otorguen sentencias reconociéndoles el valor nominal más los intereses atrasados de títulos de deuda que adquirían a precio de remate antes de un default.

Aunque agradecidos con los fallos, los demandantes no encontraban un mecanismo para ejecutar su sentencia contra un Estado soberano. Como la estrategia de embargos de activos y bienes alrededor del mundo no arrojaba resultados, los abogados buitre inventaron una aplicación expansiva de la cláusula pari passu incorporada en gran parte de los bonos existentes. La interpretación tradicional de ese texto establece la noción de tratamiento igualitario entre acreedores, al prohibir que el soberano subordine legalmente esa deuda externa a otros pasivos. Pero, en una disputa con Perú, Elliott Management –el mismo fondo que hoy encabeza la demanda contra Argentina– desplegó una novedosa y abusiva reversión de la cláusula por la que, para pagarles a sus acreedores, Perú debía cancelar a prorrata la sentencia a favor de los buitres. El éxito de Paul Singer y Jay Newman para que la Corte de Apelación de Bruselas falle a su favor y bloquee los pagos de la deuda peruana forzaron al gobierno de ese país a alcanzar un (investigado y denunciado) acuerdo con los buitres, que obtuvieron una jugosa ganancia. La estrategia proliferó hasta que las cortes inglesas rechazaron una demanda similar de Elliott contra la República Democrática del Congo. De igual forma terminó una apelación presentada en California en una disputa similar contra Nicaragua. El segundo golpe europeo provino desde el Parlamento belga donde, como consecuencia de los abusos en el caso peruano, se creó una legislación para inmunizar y aislar a las entidades financieras de ese país de los bloqueos por la vía pari passu.

Los buitres habían perdido la esperanza en esa estrategia. Incluso, cuando anunciaron en el año 2004 –previo al canje– que intentarían utilizarla en el caso argentino, tanto el gobierno de Estados Unidos como la Clearing House Association of New York Banks presentaron escritos ante la corte oponiéndose a la interpretación propuesta por los abogados del buitre NML Capital. Sin embargo, el mecanismo que parecía abandonado por los buitres y rechazado por el poder político estadounidense se reactivó hace un lustro. A pedido de los buitres, Griesa emitió sus órdenes y el sistema judicial validó la extravagante interpretación de la cláusula pari passu, imponiendo el bloqueo al pago de la deuda argentina.