El ministro de Economía, Axel Kicillof, afirmó ayer que los acreedores que se presentaron en el juzgado de Thomas Griesa reclamando los mismos derechos que el magistrado le otorgó al fondo buitre NML Capital de Paul Singer evidencian que el Gobierno estaba en lo correcto cuando decidió no pagar lo que exige el fallo. “Esto muestra que había una trampa cuando nos querían mandar a pagar los 1600 millones de dólares. No los pagamos porque dijimos que después iban a venir otros a reclamar exactamente lo mismo y, de nuevo, íbamos a tener el mismo problema”, aseguró.

El lunes venció el plazo para que se presentaran ante el juzgado de Griesa todos los acreedores de Argentina que reclaman que se les conceda el mismo fallo que obtuvo NML, por eso se los conoce como “me too” (“yo también”, en inglés). Una cifra preliminar difundida el mismo lunes indica que las demandas de esos acreedores elevarían el monto del reclamo judicial a cerca de 8000 millones de dólares.

El ministro Kicillof pidió en varias oportunidades que Griesa abriera una mesa de negociación con el 7,6 por ciento de los buitres y holdouts que no ingresaron al canje, para encontrar una solución en condiciones “justas, equitativas, legales y sustentables”, pero lo que hizo Griesa es diferente. Amparándose en la interpretación inédita que realizó de la cláusula pari pa-ssu (tratamiento igualitario), lo que decidió es ofrecerles a los que no ingresaron al canje la posibilidad de reclamar lo mismo que le concedió a NML en un fallo que obliga a Argentina a pagarle el ciento por ciento de la deuda reclamada, en un pago y en efectivo.

En noviembre, el estudio Cleary, Gotlieb Steen & Hamilton, que representa a Argentina, le envió una carta al juez con la firma del abogado Carmime Boccuzzi, donde le advirtió sobre el riesgo que representaba esa decisión. “No puede ser equitativo intentar obligar a la República –cuyas reservas son aproximadamente de 28 mil millones de dólares (hoy suman 31.450 millones) y deben ser utilizadas para fines macroeconómicos estratégicos– a hacer lo imposible y pagar íntegramente la deuda en manos de los holdouts”, afirmó entonces Boccuzzi. Luego recordó que esos bonos “fueron adquiridos con un importante descuento en el mercado secundario con el único objetivo de extraer por la vía legal mejores condiciones que la amplia mayoría de los acreedores que participaron de la reestructuración”.

En el Gobierno remarcan que la decisión de Griesa es cuestionable porque muchos de los que se pusieron en la fila habían iniciado demandas en otros juzgados e incluso algunos ya tienen sentencia firme, aunque sin la garantía de pari passu que ofrece el magistrado neoyorquino. A esa crítica se le suma también el cuestionamiento que surgió luego de saber que la mayoría de los “me too” son buitres e incluso, en algunos casos, son los mismos fondos que ya fueron beneficiados por Griesa, pero ahora con otros bonos que compraron con descuento en el mercado. Kicillof dijo ayer que el 85 por ciento de los “me too” son buitres y remarcó que NML aprovechó esa puerta para ingresar nuevos reclamos. De hecho, en noviembre el fondo de Singer ya había confirmado que exige otros 3000 millones de dólares como “me too”.

Ahora Argentina tiene hasta el 17 de marzo para hacer su descargo y luego los demandantes podrán responder hasta el 7 de abril. Una vez cumplidos esos pasos, se espera que Griesa resuelva la situación de los “me too” y, tomando en cuenta sus antecedentes, es de esperar que NML Capital y el resto de los buitres que están en la fila, entre los que figuran EM Limited, Aurelius y Blue Angel, consigan todo lo que piden. Eso elevaría el monto reclamado con sentencia firme a cerca de 8000 millones de dólares, aunque se estima que hay más fondos que podrían sumarse en el futuro, pues el cronograma de Griesa no opera como un “punto final”. Según estimaciones del Ministerio de Economía, el reclamo total de los que no ingresaron al canje podría llegar a los 15 mil millones de dólares. Por eso el Gobierno sostiene que esa deuda es impagable.

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