Mario Alberto Figueroa es, aún por estas horas, jefe del Servicio de Hematología del porteño Sanatorio Otamendi. Hijos denunció que hace casi 39 años era titular de la misma área en el Hospital Militar Central, donde se desempeñó durante al menos los primeros meses del último golpe militar que sufrió el país. Su nombre está involucrado en por lo menos dos muertes de militantes y dirigentes políticos asesinados por el terrorismo de Estado que imperó entonces, pero no fue aún citado a declarar en ninguna investigación judicial. Hijos difundió públicamente el desempeño de Figueroa en el Otamendi, uno de los sanatorios más exclusivos de la ciudad de Buenos Aires, cuyas autoridades recibieron la denuncia de los vínculos de Figueroa con el genocidio, pero aún analizaban qué medidas tomar, explicaron desde la agrupación.

Hijos recibió hace unos días el dato: Figueroa, uno de los tantos médicos que “rompieron su juramento de proteger la vida” al participar de los múltiples crímenes contra la humanidad que cometió el terrorismo de Estado entre 1976 y 1983 –complicidades en torturas, robo de bebés y asesinatos, por englobar los delitos de manera general–, no sólo seguía vivo, sino que además continuaba en actividad. En esta ocasión, en un sanatorio civil, el Otamendi. La misma denuncia que recibió la agrupación fue enviada a esa institución, desde donde aseguraron estar “revisando la situación”, trascendió.

“Para nosotros es una denuncia de extrema gravedad. Entendemos que Figueroa ha sido señalado en, al menos, dos casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, lo que de mínima vuelve correspondiente una investigación sobre su accionar”, explicó a este diario Amy Rice Cabrera, de Hijos. Bernardo Alberte tampoco duda en señalar al médico como “integrante del engranaje del terrorismo de Estado”. Su papá, del mismo nombre, militar y peronista “revolucionario” –fue el delegado del líder exiliado durante la segunda mitad de la década del ’60–, fue la primera víctima oficial del genocidio del ’76.

Tres horas después de declarar las Fuerzas Armadas el último y más violento golpe de Estado a las autoridades democráticas argentinas, el 24 de marzo de 1976, Figueroa rechazó, desde su puesto de jefe de Guardia, el ingreso al Hospital Militar del cuerpo de Bernardo Alberte, militante peronista que había sido arrojado desde el sexto piso del edificio donde vivía por una patota militar-policial. El cuerpo del hombre fue depositado, muerto, en la comisaría porteña Nº 31. “Mencionamos a Figueroa en la primera querella que presentamos por el asesinato de mi papá, ese mismo año. Pero nadie lo llamó a declarar y la verdad es que el hombre puede tener información importante para saber quién integró la patota que tiró a mi papá por la ventana”, explicó Alberte hijo, que tenía 27 años cuando aquello sucedió.

Junto a su mamá y su hermana comenzaron a andar el camino judicial para evitar que aquella muerte no quedara impune: dos jueces civiles y 14 militares se declararon incompetentes frente al expediente durante la dictadura. Con la vuelta de la democracia, la causa fue impulsada levemente y archivada luego de las leyes de Impunidad. Recién en 2005, cuando esas normas cayeron, la investigación se reactivó. Actualmente está a cargo de Daniel Rafecas. Alberte hijo informará de las novedades sobre Figueroa a ese juez. “Lo importante es que este hombre sea echado del sanatorio para que no esté en contacto con ningún paciente”, remarcó.

En la muerte de Eduardo Piroyansky la participación de Figueroa es pública y denunciada por los organismos de derechos humanos. En septiembre de 1976, el médico firmó el certificado de defunción que avaló la versión militar que sostenía que Piroyansky, militante de la Juventud Peronista, había muerto a los 29 años en un “enfrentamiento con fuerzas conjuntas”, detallan desde Hijos. Así la historia fue contada en la edición del diario La Nación del 29 de septiembre de 1976. Sin embargo, como sucedió con miles de militantes políticos, Piroyansky fue, en realidad, secuestrado y asesinado a golpes por las fuerzas de seguridad.