Desde Santiago

La historia se resume así. A fines de 2013, el Banco de Chile, uno de los más importantes del país, otorgó un crédito por más 10 millones de dólares (6500 millones de pesos chilenos) a Caval, sociedad perteneciente a Natalia Compagnon, nuera de Michelle Bachelet, para llevar adelante un negocio inmobiliario en la zona de Machalí, en la VI Región, aun cuando no cumplía con los requerimientos que la banca criolla exige para un préstamo de esta magnitud. Sebastián Dávalos, hijo de la presidenta, se reunió con el vicepresidente y dueño de la entidad financiera, Andrónico Luksic, para gestionar el millonario monto. Según reveló la revista Qué pasa, el 16 de diciembre de 2013, un día después del triunfo en la segunda vuelta presidencial de Bachelet, Caval recibió la noticia de que el banco había aprobado el crédito. En ese entonces, Dávalos trabajaba como gerente de Proyectos de Caval. A mediados del mes pasado, la sociedad vendió los terrenos que poseía en Machalí a la inmobiliaria Ruta 68 en 9500 millones de pesos, es decir, hubo una ganancia cercana a los 2500 millones de pesos.

Como era de esperar, el cuestionado y millonario negocio inmobiliario, que apuntó a la esencia del gobierno que pregona una lucha por la igualdad de oportunidades y ha hecho de la equidad una de sus banderas de lucha, derivó en la –tardía– salida de Dávalos Bachelet de la Dirección Sociocultural de la Presidencia (tenía oficina en el Palacio de la Moneda) y de él y su señora del Partido Socialista, al cual renunciaron debido a las presiones. Pero no fue todo. La operación que tendría dentro de su proceso tráfico de influencias, especulación inmobiliaria y una cantidad de plata que ningún chileno de sueldo medio lograría ganar ni en cien años de trabajo, golpeó duramente a la presidenta de Chile, justo en el momento en que comenzaba a repuntar en los sondeos gracias a la aprobación de algunas reformas claves, como la tributaria y educacional.

En este escenario, la aprobación de Bachelet cayó cinco puntos en febrero, pasando de 44 a 39 por ciento, y se convirtió en la más baja en lo que va de su mandato, de acuerdo con los resultados de la encuesta Adimark correspondiente al segundo mes del año divulgada ayer.

Así las cosas, la doctora socialista –quien aseguró que se informó a través de la prensa del negocio de sus familiares, el cual desconocía, lo que echó más nafta al fuego– cuenta con un respaldo 10 puntos menor al que había conseguido en su primer gobierno (2006-2010) transcurridos doce meses en el poder y tres menos que el que –en el mismo período– había conseguido el ex presidente Sebastián Piñera.

En su análisis, Adimark, encabezada por Roberto Méndez, calificó el caso Caval como una verdadera “bomba que explotó en medio de los patios de La Moneda. El 6 de febrero, una publicación de la revista Qué pasa da a conocer los hechos que dominaron completamente la agenda política del mes y que produjeron lo que, hoy sin duda, constituye el más grave traspié de la actual administración. Llama la atención que, tanto la presidenta como su equipo político, continuaran sus vacaciones como si nada hubiera sucedido”, sostiene.

También interpreta que fue precisamente esta situación la que hizo que Michelle Bachelet cayera cinco puntos en su atributo. “Cuenta con capacidad para enfrentar situaciones de crisis, que se redujo a 53 puntos. Esto, por más que tras su asueto dijera que por ello (el caso Caval), ‘mi hijo Sebastián Dávalos dejó su cargo y renunció a la Dirección Sociocultural de la Presidencia. Yo quisiera ser muy clara, como presidenta mi compromiso primero que nada es con el anhelo de las grandes mayorías de vivir en una país donde no existan privilegios, en el que las oportunidades estén disponibles para todos y todas por igual y que la ley la respetemos todos’.”

La lectura de Adimark es que “con todo, los datos parecen sugerir que el escándalo que afecta al hijo de la mandataria no ha afectado tanto la apreciación personal de la presidenta como sí la de su equipo, especialmente los responsables de la conducción política”.

Tras conocer los resultados, el ministro vocero de gobierno, Alvaro Elizalde, sostuvo que “el gobierno se ha hecho cargo de la inquietud que esto ha generado en la ciudadanía, y estamos promoviendo una agenda muy ambiciosa para elevar de manera significativa los estándares regulatorios y crear una institucionalidad eficaz respecto de la relación que existe entre lo público y lo privado y entre la política y los negocios”.

“La presidenta ha resuelto conformar un consejo asesor conformado por personalidades y expertos precisamente para generar propuestas que nos permitan avanzar en un marco regulatorio más estricto y una nueva institucionalidad más eficaz.”