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El Gobierno dispuso ayer la creación de una Unidad de Asistencia para la Defensa Arbitral, que elaborará estrategias y lineamientos para recuperar la jurisdicción local en juicios entablados contra el Estado en tribunales arbitrales internacionales. Así lo informó el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, en una conferencia de prensa a la que concurrió acompañado por el procurador del Tesoro, Horacio Rosatti, quien estará al frente del organismo, integrado además por representantes de la Cancillería y de los ministerios de Economía y de Planificación.
Al detallar las tareas del organismo, Rosatti señaló que se trata de una política de Estado que será asumida por el cuerpo de abogados estatales y posiblemente por la Federación de Colegios de Abogados, quienes opinan que “la defensa del patrimonio estatal en juicio constituye un factor vinculado con la soberanía”.
“Estamos preparando una defensa muy acérrima del Estado frente a los arbitrajes internacionales y del CIADI (Centro Internacional para Arreglos y Diferencias en materia de Inversiones, que depende del Banco Mundial). Estos procesos encontrarán a la Argentina ejerciendo una defensa técnica a la altura de las circunstancias”, indicó Rosatti. También hay otras demandas en otros tribunales, como la Cámara de Comercio internacional. El funcionario agregó que la Unidad procurará “por todos los medios” que muchos juicios que salieron “indebidamente” de la jurisdicción local vuelvan a los tribunales nacionales y destacó que las tribunales internacionales entran a tallar cuando se agotan las vías nacionales.
Puso como ejemplo derechos “sublimes” de las personas, como son los de la vida, la libertad o la expresión, a diferencia de los reclamos de las empresas públicas privatizadas, que “disparan” la jurisdicción internacional ante “eventual conflicto por inversiones”. Rosatti remarcó su confianza en que muchos reclamos se tornen “abstractos” y por lo tanto “caigan” por estar desactualizados, ya que muchos reclamos están fundados en previsiones económicas que no se cumplieron, como por ejemplo “un dólar a 7, 8 o 15 pesos a la altura actual”. La Argentina tiene demandas en tribunales arbitrales por alrededor de 15 mil millones de dólares y son mayormente ante el CIADI. Se trata de 23 casos registrados y 38 denunciados y el 90 por ciento de las denuncias son anteriores a este Gobierno.