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Ya comprobado que la flexibilización laboral del año 2000 fue votada por el Congreso bajo condiciones delictivas –soborno a senadores–, quedó abierto el debate sobre qué se debe hacer con la ley. Derogación o nulidad es la opción y no sería indiferente que se adopte un camino u otro, así como tampoco que se encuentre una rápida solución o que se dilate la discusión. La propia confesión del “repartidor” de la coima fue absolutamente funcional al interés empresario de ponerle freno a un proceso de negociaciones salariales y de convenios colectivos desatado en los últimos meses: ante la duda sobre qué norma regirá en lo inmediato, los representantes patronales congelaron las negociaciones “hasta que aclare”. Trámite por el que algunos gremios ya han logrado recuperar la pérdida salarial por inflación de los últimos dos años, aunque el Ministerio de Trabajo oculte el dato y haya sindicatos que hasta se han visto obligados a firmar cláusulas de silencio o reserva sobre las mejoras salariales obtenidas.
Héctor Recalde, de la CGT moyanista, había elogiado la vía de la derogación, desacreditando la nulidad porque, “lamentablemente, no se puede volver atrás”. El Comité de Acción Jurídica, que funciona como organismo profesional por los derechos humanos dentro de la CTA, señaló que “es el propio juez penal que entiende en la causa de los sobornos (Rodolfo Canicoba Corral) quien debería ya dictar la suspensión de la Ley de Reforma Laboral, porque el delito está comprobado y, por lo tanto, está obligado a interrumpir el daño que la ley provoca”. Por su parte, la Mesa Nacional de la CTA dará a conocer en las próximas horas un documento reclamando la nulidad de la ley y la reactualización de las normas en materia de relaciones laborales, de forma de restablecer rápidamente las condiciones para las negociaciones entre las partes.
El proceso de negociación salarial entre trabajadores (a nivel de empresa o de rama) y empleadores se dinamizó a partir del decreto 392 de este año, que ordenó la incorporación al salario de los 200 pesos otorgados anteriormente con carácter no remunerativo a los trabajadores en relación de dependencia. En el sector petroquímico, el metalúrgico y la alimentación, entre otros, se habrían obtenido acuerdos de recomposición salarial que incluso revirtieron la pérdida por inflación durante el 2002 y 2003, según fuentes gremiales. Pero la cartera laboral, hasta ahora, ni siquiera dio a conocer la cifra de convenios firmados en este corto período. Algunas fuentes hablan de más de 120.
El efecto “contagio” puede resultar fuerte, sobre todo si se difunden estos resultados. Aunque parcial en sus alcances –sólo beneficia al empleo formal–, el fenómeno se venía dinamizando. Y en ese marco aparece el “arrepentido” Mario Pontaquarto, pateando el tablero de la legislación laboral y llevando, en los hechos, a un congelamiento de las negociaciones en curso.
Sea por casualidad o no, el hecho les vino como anillo al dedo a los sectores patronales. La Unión Industrial Argentina reaccionó inmediatamente, afirmando en un comunicado que “la confirmación judicial de posibles delitos que vicien la voluntad de la ley conlleva la necesaria derogación de la misma”. A algunos les sorprendió el tono casi “progre” de la central fabril, pero en realidad la intención del comunicado respondió a una táctica bien pergeñada por Daniel Funes de Rioja, jefe del Departamento Laboral. Al proponer la derogación sin mencionar cómo se sustituiría, la UIA abre un debate sin plazos que le resultaría muy útil a los fines de frenar las pulseadas salariales.
Horacio Meguira, al frente de la asesoría legal de la CTA, demanda que se alcance un rápido acuerdo con el Gobierno sobre “un marco sustitutivo del actual régimen, una norma que ordene algunos puntos básicos para que no haya interrupción de las negociaciones” tras la anulación. La declaración que está a punto de largar la central combativa va en esesentido. De la Rúa, De Santibañes, Flamarique, Alasino y sus socios no son los únicos que corren riesgo de perder con la confesión de Pontaquarto.