Con las firmas del presidente Mauricio Macri, el ministro de Justicia Germán Garavano y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el Gobierno envió un proyecto para sancionar a las personas jurídicas que incurran en delitos de corrupción. La iniciativa, que ya estaba en el anteproyecto de reforma del Código Penal impulsada por el FpV (que no llegó a tratarse en el Parlamento) establece una amenaza “de sanción efectiva y un modelo de imputación clara”, en sintonía con la normativa internacional. Se trata de multas del 1 al 20 por ciento de los ingresos brutos anuales que la persona jurídica condenada hubiera tenido en el último ejercicio anterior a la comisión de delito. A su vez, en su articulado contempla el decomiso de ganancias que son el producto del delito condenado.