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Legisladores que integran la comisión bicameral de seguimiento de las facultades delegadas advirtieron ayer a los técnicos de la Unidad de Renegociación de Contratos que no avalarán ningún acuerdo con las privatizadas que no exija previamente la renuncia a los reclamos que éstas efectuaron ante el Ciadi. El planteo se produjo en el marco del análisis del acta-acuerdo firmada por la Uniren con Edelap, la distribuidora que provee electricidad a La Plata, en el que se prevé una “suspensión” inmediata y un “desestimiento” a posteriori.
El planteo fue formulado por las diputadas Silvina Leonelli (UCR) y Graciela Camaño (PJ) y los senadores Jorge Capitanich (PJ) y María Laura Leguizamón (PJ) a los funcionarios de la Uniren que concurrieron al Parlamento a explicar los fundamentos de aquel documento: Guillermo Genta, Alberto Zoratti y Carlos Iturriza.
“Las empresas tienen que renunciar expresamente ante el Ciadi; ésa debe ser una condición suficiente y necesaria”, expresó Capitanich. Este reclamo justicialista está a tono con el proyecto presentado por el diputado radical Noel Breard en el que se exige que, “previo a cualquier renegociación con las adjudicatarias de empresas de servicios públicos, se deberá tener acreditado fehacientemente el desestimiento liso, llano y sin condición alguna” de aquellos arbitrajes por montos millonarios.