“El próximo paro agropecuario no puede ser menor de 21 días”, aseguró a Página/12 Manuel Cabanellas, titular de Carsfe y ex presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, con un encendido discurso de barricada donde dio por descontada la realización de una nueva medida de fuerza por parte de los productores, aunque aclaró que la decisión final recién se tomará en febrero. “Tenemos que desabastecer las ciudades, así el Gobierno se da cuenta de que el campo existe”, sentenció el dirigente, integrante, por si todavía hace falta aclararlo, de una de las entidades rurales más radicales.

Los ruralistas moderados, en cambio, todavía prefieren obviar la palabra “paro”, pues afirman que ese es el último recurso del cual echarían mano. Dentro de este grupo se destaca la Sociedad Rural, que ayer congregó a su mesa directiva para analizar el aumento de las retenciones a las exportaciones de soja decididas por el Gobierno. “Nos pareció una decisión económicamente innecesaria para los fines que se la presenta, pero el paro todavía no es una posibilidad concreta”, señaló a este diario un vocero de la entidad. Una postura similar manifestó Ulises Forte, vicepresidente de la Federación Agraria, al afirmar que “si la idea es crear un fondo para subsidiar algunos productos, con el buen desempeño que están teniendo las cosechas y la mejora de los precios internacionales, se podría generar una recaudación adicional suficiente”. Forte también descartó la realización de un paro por considerar que esa “es la última alternativa”.

Esta diferencia de posturas al interior del campo también se expresó antes del lock out de nueve días realizado en diciembre, pero la supuesta tensión entre halcones y palomas se terminó pareciendo más a la estrategia de presión que incluye al policía bueno y el policía malo, porque al final casi todos los dirigentes impulsaron el lockout de manera activa.

Cabanellas, titular de Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe), viene criticando la política agropecuaria del Gobierno desde la primera hora y ayer no fue la excepción. En diálogo con Página/12 señaló que el paro debe ser de 21 días como mínimo, pero él se manifestó partidario de parar 30 días e incluso afirmó que “si no hay respuesta habrá que redoblar la apuesta”. “Dicen que suben las retenciones para beneficiar al consumidor, pero lo único que buscan es incrementar la recaudación porque no hace falta sacarle 400 millones de dólares al productor para garantizar el precio de los alimentos”, disparó y puso como ejemplo el pan donde la incidencia que tiene el precio del trigo “es mínima”. Cuando este diario le preguntó adónde cree que iría a parar ese dinero, se limitó a decir que “transparencia es lo que menos hay”.

Las críticas al mecanismo diseñado para otorgar los subsidios ha sido recurrente entre los dirigentes rurales durante los últimos días. Ricardo Osella, presidente de Cartez, también cuestionó su transparencia al afirmar que ese tipo de medidas “habilita cuestiones que tienen que ver con algún tipo de corrupción”. En el Gobierno aseguraron a este diario que “cuando se termine de definir la reglamentación no habrá dudas sobre la transparencia del mecanismo y deberán hablar de otra cosa”. Más allá de la eficiencia que suponga la distribución de los subsidios, lo que verdaderamente indignó a los productores es el aumento de las retenciones. Por lo tanto, las reuniones para definir un nuevo lock out seguirán su curso.