No será un déjà vu. María Estela Martínez de Perón quedará detenida por segunda vez en menos de una semana. El juez federal Norberto Oyarbide envió a España una orden de arresto donde enumera nueve razones por las que la considera responsable de los atentados y asesinatos cometidos por la Triple A antes del golpe militar de 1976. La resolución señala que durante su gobierno hubo una “política criminal y terrorista, institucionalmente implementada”. Como próximo paso el magistrado pedirá la extradición, un proceso que llevará varios meses.

Con llamativa coincidencia, en un momento político con viento a favor de la revisión del terrorismo de Estado, dos jueces federales pidieron con diferencia de sólo seis días la captura de la viuda de Juan Domingo Perón. Lo hicieron, además, en plena feria judicial. Para cualquier espectador desprevenido bien puede parecer una pelea de togas por el estrellato, lo que no quita que cada uno tenga sus argumentos.

En Mendoza, el juez Héctor Acosta involucró a Isabelita la semana pasada en la desaparición de Héctor Aldo Fagetti, un estudiante de medicina de 24 años, y en el caso de Jorge Berón, un militante de la Juventud Peronista que estuvo en cautiverio un año y dos meses y luego fue liberado. Ambos secuestros fueron cometidos por militares el 25 de febrero de 1976. Oyarbide decidió procesar a la ex presidenta, después de evaluar que existen pruebas de que no sólo tenía pleno conocimiento del funcionamiento de la Triple A sino que amparó a José López Rega, quien manejaba la organización terrorista desde el Ministerio de Bienestar Social, y que en las reuniones de gabinete se planificaban los asesinatos.

Oyarbide envió el pedido de detención por dos vías simultáneas para evitar demoras: a través de Interpol y también de la Cancillería. Isabel Perón, de 75 años, será llevada a la Audiencia Nacional de España para que le informen su situación, que ahora se vuelve más complicada. Allí, el juez Juan del Olmo le concedió la libertad condicional en el expediente mendocino mientras lleva adelante un proceso orientado a la extradición. Como condición, ella debe presentarse en los tribunales cada quince días. En cuanto llegue la notificación de la causa de la Triple A podría intervenir otro juzgado, aunque no está descartado que se acumule todo el trámite en uno solo.

Como la investigación judicial sobre las Tres A comenzó en 1975 y se tramita con el viejo Código Penal, la orden de detención tiene el peso de la acusación de un procesamiento. Oyarbide le atribuye a Isabelita el delito de asociación ilícita y ocho asesinatos, entre ellos los del diputado Rodolfo Ortega Peña, el ex subjefe de la Policía Bonaerense Julio Troxler y el profesor universitario Silvio Frondizi, hermano del ex presidente Arturo Frondizi. Son los crímenes que incluyó la causa en sus inicios, pero el magistrado analiza ampliar la lista a raíz de numerosas presentaciones que hubo en los últimos días en su juzgado (ver recuadro).

La resolución contra la viuda de Perón enumera en nueve puntos “los elementos reunidos” que la comprometen en los que, destaca, deben considerarse crímenes de lesa humanidad que, como tales, no prescriben:

- La Triple A, dice, “se habría gestado” dentro del Poder Ejecutivo, en el Ministerio de Bienestar Social, donde “se encontró cantidad de armamento que excede ampliamente lo que razonablemente puede considerarse adecuado para la seguridad de sus dependencias y funcionarios”. También señala que hay constancias de que a través de la cartera de López Rega se compraron armas en el exterior.

- Reflota el testimonio de Jorge Felipe Sosa Molina, que era el jefe del Regimiento de Granaderos y de la custodia presidencial y que en los inicios de la causa dijo que “se advertía a simple vista la cantidad de armas y hombres, cerca de cien” que solían acompañar a López Rega a la quinta de Olivos. Como ejemplo contó que en uno de los autos de la custodia hasta se le incautaron panes de trotyl. El mismo coronel relató que cuando López Rega cayó en desgracia y era empujado a dejar el país, su guardia pretoriana intentó copar la residencia de Olivos para salvarlo, pero fue desarmada: llevaban escopetas Itaka, ametralladoras Uzi israelíes, pistolas automáticas y otras tantas armas importadas. Sosa Molina dijo que la entonces presidenta la preguntó aterrorizada “si estaba presa porque se había enterado de que algunos de sus custodios habían sido desarmados”.

- El documento de tres páginas enviado a España destaca los testimonios que describen reuniones de gabinete que presidía Isabel Perón en las que se hablaba de los asesinatos de la banda parapolicial de López Rega. Señala, en particular, que el 8 de agosto de 1974 “en la residencia oficial de Olivos se proyectaron las imágenes (en diapositivas) de quienes serían asesinados” y allí se determinó “la eliminación de Troxler”. Al testificar ayer, el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde ratificó que recibió aquella misma descripción de boca del entonces ministro de Justicia Antonio Benítez (ver página 4). Duhalde fue socio y amigo de Ortega Peña, cuyo asesinato fue reconocido por la Triple A. Juntos, a través de la revista Militancia revelaron la existencia de la estructura terrorista asesina desde sus orígenes así como la compra de sus armas importadas con fondos públicos.

- María Estela Martínez protegió a López Rega, considera el juez, cuando existían “investigaciones que lo vinculaban” con las Tres A y “lejos de someterlo a la jurisdicción del tribunal lo designó enviado especial en Europa con el rango de embajador” en julio de 1975. Le atribuye, inclusive, haber “facilitado” la salida del país de “otras personas vinculadas con la investigación” que integraban su custodia y la organización de ultraderecha. Se refiere, entre otros, a los ex policías Rodolfo Eduardo Almirón, a Miguel Angel Rovira y Juan Ramón Morales.

Almirón fue detenido en diciembre cerca de Valencia por disposición de Oyarbide. El descubrimiento de este ex custodio presidencial por una investigación periodística española fue lo que determinó que la causa tuviera un nuevo impulso después de tantos años. Hace diez días Morales fue apresado en su casa en Palermo y Rovira se entregó el viernes pasado. Todos tienen más de setenta años y gozan de arresto domiciliario. Interpol todavía no encontró a Felipe Romeo, ex director de la revista El Caudillo, el órgano de difusión de las Tres A, y el único con orden de arresto que por su edad podría ir a una cárcel común. Lo único que se sabe es que salió el 4 de enero en un avión hacia Londres.