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Por José Rigane *

La privatización afectó fundamentalmente al sector que en el mundo mueve al mundo: la energía.
Para asegurarse la difusión del discurso único y evitar que la cuestión trascendiera más de la cuenta, antes que nadie se diera cuenta, se adueñaron de los Medios de Comunicación. Fue en el año 1989, primer año de gobierno de Carlos Menem, cuando los símbolos económicos de la Nación dejaron de ser del Estado y pasaron a manos privadas. Gas del Estado, YPF, YCF, Entel, Obras Sanitarias, Agua y Energía.
Y no sólo se perdieron los colores celeste y blanco que los identificaba sino que también y fundamentalmente se perdieron los recursos que estas empresas reportaban a favor de la salud, el trabajo, la educación y hasta la justicia del pueblo argentino.
Hoy, justo en el momento en el que el sistema sostenido por las privatizaciones entra en crisis; el tema de las tarifas comienza a ser un tema clave.
Sin demasiada prensa, los bonaerenses, a partir de las luchas de los desocupados y los trabajadores de la energía de Luz y Fuerza Mar del Plata, logramos que el gobierno provincial promulgara la Ley 12.698. A través de la misma los municipios que adhieran deberán crear una Comisión Distrital integrada por organizaciones populares para elaborar el padrón de beneficiarios.
El beneficio concreto es una rebaja del 50 por ciento sobre los valores de la tarifa eléctrica. Las empresas privadas aportan a esta Tarifa Social con un descuento del 40 sobre el costo de la electricidad y los gobiernos descuentan un 10 por ciento de los impuestos que integran la boleta de luz.
En Mar del Plata lograron la Tarifa Social casi 10 mil hogares. En el Gran Buenos Aires se avanzó en una Tarifa Social para el agua y en el Congreso de la Nación circula una Ley Nacional de Tarifa Social para los carenciados, propuesta que incluye la luz, el gas, el agua y las cloacas.
Es oportuno que el gobierno nacional, con un gran caudal de bonaerenses en el gabinete, introduzca esta herramienta en la discusión con el sector privatizado.
Nuestra propuesta es que se incluya inmediatamente como beneficiarios a todos los Planes Trabajar existentes y al millón de Seguros de Empleo y Formación que prometió el actual presidente en el discurso pronunciado en la Asamblea Legislativa.
Ya demostramos que con la Tarifa Social ganamos todos y que las empresas no pierden recaudación. Al contrario, recuperan un mercado que tienen perdido.
La propuesta de Tarifa Social es un aporte serio que se contrapone legalmente y con sustento a los tarifazos insoportables e impagables que se pretenden.
* Secretario general FeTERA-CTA.