Desde Lima

A menos de dos años de haber asumido el poder, el presidente Alan García ve aumentar sostenidamente el rechazo a su gobierno, lo que resulta más evidente en el interior, especialmente en las provincias andinas del sur del país. Una reciente encuesta de la empresa Apoyo le otorga a García un 28 por ciento de aprobación, tres puntos menos que en febrero. Pero ese promedio nacional, siendo bajo, oculta la realidad del interior. Así, mientras en Lima el apoyo al gobierno llega al 39 por ciento, en las empobrecidas provincias andinas del sur apenas bordea el 10 por ciento. Mientras crece el descontento de la población del interior, aumentan también los choques entre el gobierno central y los presidentes regionales (cargo equivalente al de gobernador en Argentina, aunque con menos autonomía respecto al gobierno nacional).

Hernán Fuentes, presidente de la altiplánica región Puno, ubicada en la frontera con Bolivia, tensó la cuerda de esa disputa esta semana con el gobierno central al pronunciarse a favor de un régimen federal que le permitiera a Puno “mayor autonomía administrativa y política”. Sus declaraciones fueron recogidas en grandes titulares por la prensa nacional, que habló de afanes separatistas del gobierno regional de Puno, extremo al cual, sin embargo, Fuentes no había llegado en sus declaraciones. El gobierno no tardó en reaccionar y el primer ministro, Jorge del Castillo, aprovechó la oportunidad para disparar nutrido contra Fuentes, un duro opositor del gobierno, al que acusó de “sedición” y amenazó con demandarlo judicialmente, algo que ya ha hecho anteriormente ante otras discrepancias entre Puno y el gobierno central.

Atacado desde todos los flancos, Fuentes se defendió aclarando que él no hablaba de separatismo sino de un régimen federal, “como hay en Argentina, Brasil o Estados Unidos”. Pero las críticas de la prensa y del gobierno no bajaron de tono. Las declaraciones por mayor autonomía de Fuentes se dieron en el contexto de su intención de desconocer un examen nacional realizado por el gobierno central para contratar a los maestros de las escuelas públicas y convocar su propio examen en Puno. El gobierno nacional ha amenazado con demandarlo penalmente si cumple con ese anuncio. Días atrás, Fuentes ya había retado al gobierno central emitiendo una ordenanza regional que declara la hoja de coca como patrimonio cultural, lo que despertó las iras del gobierno, que lo acusó de apoyar el narcotráfico. Puno, de población quechua y aymara, es una de las provincias más pobres y abandonas del país –los índices de pobreza superan el 70 por ciento– y entre su población se respira un fuerte sentimiento antilimeño y de rechazo a la clase política, algo que, por cierto, se repite en muchas otras partes del país.

Las declaraciones de Fuentes han servido para que la prensa y el gobierno levantaran nuevamente el fantasma de Hugo Chávez, al que el gobierno de García recurre cada vez que la situación interna se le complica. El primer ministro Jorge del Castillo insinuó que el presidente venezolano tendría algo que ver con las exigencias de mayor autonomía de Fuentes. “Tiene (Fuentes) una dependencia ideológica muy grande del extranjero”, aseguró Del Castillo, en clara alusión a Hugo Chávez, de quien Fuentes se ha declarado un admirador. Sin mencionarlo por su nombre, Del Castillo acusó al presidente venezolano de buscar desestabilizar el país y dijo que las exigencias autonómicas de Fuentes serían parte de un plan desestabilizador. Cada vez que hay una protesta antigubernamental, el gobierno peruano apunta contra Hugo Chávez y lo acusa de promover y financiar los movimientos de protesta y las huelgas. Coincidentemente con las declaraciones de Fuentes, la mayoría oficialista del Congreso, con el apoyo del fujimorismo y de la derecha, ha formado una comisión investigadora de la supuesta financiación venezolana a los movimientos sociales peruanos, algo que la embajada venezolana en Lima niega. Y han puesto en la mira a las llamadas Casas del Alba (Alternativa Bolivariana para las Américas), que han proliferado en el Perú, y a la Operación Milagro, financiada por el gobierno venezolano para que médicos cubanos operen de la vista a los peruanos sin recursos económicos. Ya han sido operados más de cinco mil peruanos. Precisamente, las Casas del Alba comenzaron en Puno, bajo el auspicio de Fuentes y de ahí saltaron a todo el país, donde ahora habría, según el gobierno, más de un centenar. El gobierno de Venezuela ha negado tener relación con estas Casas del Alba. El gobierno peruano las acusa, sin presentar pruebas hasta el momento, de estar promoviendo las protestas sociales contra el gobierno e incluso de auspiciar actos de terrorismo. En ese contexto, los disparos contra Fuentes por sus declaraciones exigiendo más autonomía para su empobrecida y abandonada región parecen tener como destinatario final a Hugo Chávez, el gran cuco para el gobierno de García y la prensa local.