El fiscal federal Gerardo Pollicita abrió otro frente de tormenta judicial para Jorge Matas, el ex titular de Franquicias de la Cancillería, involucrado en la importación irregular de autos con chapa diplomática. En una causa paralela a la que investiga una posible asociación ilícita, Pollicita pidió su indagatoria, como anticipó Página/12, por otro delito: violación de los deberes como funcionario público. Le imputa haber permitido “intencionalmente” que Pablo Rodríguez, uno de los intermediarios en el negocio de las franquicias y otras tres personas, utilizara vehículos diplomáticos pese a no tener ese status.

El pedido de Pollicita está a estudio del juez Claudio Bonadío, quien analizaría dos opciones: apoyar el pedido del fiscal o enviar la causa por conexidad al juzgado de Norberto Oyarbide, donde tramita la investigación sobre una asociación ilícita, en la que también está implicado Rodríguez. Oyarbide, de hecho, ya citó a ambos a indagatoria. En un sumario interno de la Cancillería, hubo testimonios de empleados que dijeron que Matas y Rodríguez se veían asiduamente en el ministerio. Matas, desde su cargo, autorizaba las franquicias para representantes de embajadas y consulados y habría firmado en tiempo record los trámites de nacionalización de autos, un paso imprescindible para su venta.

Pollicita sostiene que Matas habría cometido un delito preciso e independiente, más leve que la asociación ilícita, aunque tenga que ver con los mismos hechos. Según su dictamen, al que accedió este diario, pese a las advertencias de la propia Consejería Legal de la Cancillería, como director de Franquicias Matas posibilitó que “sujetos que no revestían la calidad de diplomáticos” utilizaran “como propios” y “en forma permanente”, “vehículos asignados a misiones diplomáticas y/o a sus funcionarios para fines distintos de los de tales representaciones”. Que los usaran como si fueran sus “dueños”, señala, es significativo porque “los autos con chapa diplomática gozan de inmunidades y privilegio especial frente al poder de policía estatal”.

Todo empezó con una denuncia de dos abogados ligados a la embajada de Rusia, Edgar Omar Clementi y Edgar Gustavo Clementi, que alertaron ante la Justicia y la Cancillería sobre “la posible utilización por particulares de vehículos asignados a personal diplomático”. Mencionaban a Pablo Rodríguez, José E. Rodríguez, Nicolás E. Rodríguez y Marcelo Picayo. La presentación es de septiembre de 2006, lo que evidencia que la maniobra con los autos libres de impuestos se conoce hace tiempo. Los Clementi mencionaban por lo menos cuatro vehículos, BMW y Peugeot. Luego añadieron otros tantos de las embajadas rusa, de Bielorrusia y Cuba.

También pidieron que se investigara un hecho cuanto menos curioso: un auto diplomático secuestrado por el juzgado de Campana en una causa de contrabando, había sido retirado por una persona “sin autorización” y que “para alcanzar su propósito exhibió una credencial extendida por el Ministerio de Relaciones Exteriores que lo acreditaba como chofer y apoderado de la embajada de Rusia”. Estaba a nombre de Pablo Rodríguez. La Consejería Legal de la Cancillería le indicó a Matas que tomara las medidas adecuadas para determinar si hubo irregularidades. Le recordó que “sólo los funcionarios, sus familiares y los respectivos choferes de representaciones extranjeras podían conducir los vehículos”. La “autorización a terceros” es “excepcional”, dijo. Sin embargo, Matas concluyó que no hubo “incumplimiento de las normas”. Para Pollicita “el imputado no realizó ninguna medida tendiente a verificar los hechos y a controlar el sometimiento de las embajadas involucradas a la legislación vigente, pese a que tenía la obligación legal de hacerlo (...) frente a las denuncias omitió intencionalmente aplicar la normativa que regula el uso de vehículos con placas diplomáticas”.