Desde Washington

Los hospitales estadounidenses están repatriando por su cuenta a inmigrantes ilegales sin seguro médico que no pueden pagar el tratamiento que necesitan. La mínima cobertura del sistema de salud financiado por el Estado ha provocado que centros que deben pagar de sus propios fondos la asistencia a estos pacientes sin recursos hayan empezado a financiar vuelos para devolver a sus países de origen a los inmigrantes, según un extenso reportaje publicado por el diario The New York Times.

El caso del guatemalteco Luis Alberto Jiménez es el primero que acaba con un fallo, a su favor, en un tribunal de apelaciones, señalando que los hospitales no tienen ninguna facultad en política migratoria. En 2000, Jiménez, de 35 años, que trabajaba ilegalmente en el país, tuvo un grave accidente de coche provocado por un norteamericano borracho y fue trasladado a un hospital de Florida.

Los hospitales no pueden negar asistencia de urgencia a los inmigrantes ilegales, según la normativa federal. Están obligados a tratarlos. Tampoco pueden dejarlos en la calle cuando aún necesitan atención sin asegurarse de que van a ser recibidos en algún centro post-hospitalario adecuado. El problema es quién paga eso. El sistema estatal de salud se hace cargo tan sólo de una parte, porque la mayoría de los estados no financian los tratamientos a largo plazo. Así que son los hospitales los que deben asumir los gastos no les van a ser reembolsados.

Luis Jiménez pasó más de un año en coma en el Martin Memorial de Florida. Después, despertó. El daño cerebral era muy grave. El hospital consiguió un centro post-hospitalario que se ocupara de él, pero volvió al cabo de pocos meses con una grave infección que debía ser tratada de inmediato. Después, ya no encontraron ningún centro ni residencia que lo aceptara. El hospital, que asegura que el tratamiento que ha recibido Jiménez asciende a un millón y medio de dólares, decidió que lo mejor era mandarlo de vuelta a Guatemala y que el gobierno de su país y su sistema de salud se hicieran cargo de él.

Su primo político y tutor después del accidente presentó una demanda para impedir la repatriación. Un juez de Florida dijo en junio de 2003 que estaba “navegando por mares que estaban fuera de los mapas” y dio la razón al hospital. Ordenó a Jiménez que dejara de frustrar el plan para llevarlo de vuelta a Guatemala. Su abogado, Michael Banks, anunció la apelación, pero cuatro horas después un coche ya estaba llevando al paciente al aeropuerto. Cuando la Corte de apelaciones de Florida emitió un fallo, en 2004, Jiménez ya estaba en Guatemala, pero dio la razón al paciente. El tribunal estableció que el hospital no tenía capacidad jurídica para deportar a nadie –lo que sólo puede hacer el gobierno federal– y señaló que, además, el centro no había aportado pruebas suficientes de que Jiménez iba a recibir una atención suficiente en el país.

No era la primera vez que un hospital tomaba una decisión de este tipo. Ante tratamientos médicos de larga duración que nadie paga, los centros devuelven a los inmigrantes a sus países pagando el traslado de su propio bolsillo. Incluso sin el consentimiento de los familiares. La versión de los centros médicos es que no hacen las repatriaciones hasta que los pacientes están estables y hasta que les encuentran tratamiento médico adecuado en su país de origen. Pero como esta práctica no está regulada, nadie supervisa la actuación de los hospitales.

* De El País de Madrid. Especial para PáginaI12.