Hasta hace una semana y cuatro asesinatos, quién y cómo controlaba la detención domiciliaria de un preso al que se le concedía ese beneficio no formaba parte de los interrogantes de la sociedad. Mucho menos se tenía noción de que el monitoreo de las pulseras electrónicas no lo realiza el Estado, sino una empresa privada. Efectos de la privatización de la seguridad, el control de los 297 presos que utilizan el adminículo está en manos privadas, para el caso, Giasa. La empresa, proveedora también de sistemas de alarmas a la Federal y a una serie de bancos, recorrió con las pulseras dos administraciones en el Ministerio de Justicia bonaerense: la actual, de Ricardo Casal, y la de su antecesor, Eduardo di Rocco, durante cuya gestión Giasa ganó la licitación. En el medio, y común denominador de pulseras y ministros, se encuentra el jefe del SPB, Fernando Díaz. La licitación ahora está puesta en duda, si se considera que el ministro de Seguridad, Carlos Stornelli, ordenó revisar lo actuado en busca de irregularidades.

El control que está en manos privadas consiste en un emisor incorporado en la pulsera que lleva el preso, que envía señales a un sistema que opera Giasa y que se representa en una pantalla. El control, en teoría, es permanente. Cuando detecta una anomalía –el corte de la señal, la pérdida de la señal, la salida de la jurisdicción–, la empresa da aviso al SPB. Aunque el servicio incluye un sistema de redes de intercomunicación, un ex oficial del SPB describió que “el aviso lo hacen por fax y a cargo del Servicio Penitenciario queda el mantenimiento de las pulseras, aunque no tengan técnicos capaces de llevar adelante esa tarea”.

El costo de dicho servicio, incluido los rollos de fax, según el ex camiseta celeste (como se conocen entre sí los que dicen conformar la familia de los penitenciarios bonaerenses) es de 10 dólares por pulsera. Por día.

Antes de hacer la cuenta hay que tener en cuenta: en una segunda licitación, a la que –según la misma fuente– sólo se presentó Giasa, estaban en juego otras 300 pulseras. La cifra da, por mes, más de medio millón de pesos. Menos los gastos, papel de fax y otros rubros. Desde el estado de Minas Gerais acudieron interesados a monitorear el sistema de monitoreo, el director penitenciario Genilson Zeferino, el representante del Ministerio Público Joagim Miranda y el camarista Alexander Carvalho. Del lado bonaerense, participaron dos asesores de Díaz, los Leonardos (Sauma y Vila), el jefe (ahora en capilla) del Centro de Monitoreo Sergio Buffa, los jueces del tribunal criminal 1 de La Matanza, Alfredo Drochi y Néstor Barroca y el fiscal Claudio Polero, del mismo distrito.