Desde La Paz

Al enterarse de la apertura al diálogo por parte de los prefectos opositores, con palabras secas y gesto duro, el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, festejó sin euforia: “Ha fracasado el golpe cívico-prefectural”. En el transcurso del día de ayer, ésa fue la sensación que imperó en el Palacio Quemado. Una fría satisfacción que ya dejaba paso a las largas y tensas negociaciones que a partir de hoy por la mañana deberán encarar en la ciudad de Cochabamba los enviados del gobierno boliviano y los representantes de las prefecturas díscolas agrupadas en el Consejo Nacional Democrático (Conalde).

Tras cuatro arduas jornadas de negociaciones en las que todo indicaba que la opción por el diálogo volvía a fracasar, los prefectos opositores aceptaron suscribir el martes por la noche el “Gran Acuerdo Nacional” acordado por el vicepresidente Alvaro García Linera y el prefecto de Tarija, Mario Cossío. Allí se estipulan acuerdos mínimos sobre los que discutir el destino del excedente del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) con el que el gobierno financia la Renta Dignidad para los ancianos, la compatibilización de la Nueva Constitución Política del Estado (NCPE) con los estatutos autonómicos y un pacto institucional que defina las designaciones congresales de los cargos vacantes y el padrón electoral. En términos políticos, el gobierno cedió, garantizando siempre el pago de la Renta Dignidad, en lo que respecta al IDH y aceptó suspender por un mes el debate en el Congreso por la convocatoria a referéndum de la NCPE.

Por su parte, los cívicos aceptaron la restitución inmediata al Ejecutivo de las oficinas públicas e instalaciones petroleras invadidas, a la vez que garantizaron el desbloqueo de todas las rutas ocupadas. Y, si bien no figura formalmente en el texto del acuerdo, en los hechos los prefectos aceptaron soltarle la mano al detenido Leopoldo Fernández, otrora “cacique de Pando”.

En el día de ayer, varias fueron las hipótesis de por qué, finalmente, los prefectos aceptaron sentarse a una mesa de diálogo. Sin embargo, en todas hubo coincidencia en que la gota que rebasó el vaso fue la “masacre de Pando” en la que cerca de 30 campesinos fueron asesinados. “Cambian la estrategia porque necesitan sobrevivir”, interpretó Javier Macías, funcionario del Ministerio de Gobierno. “A diferencia de la prepotencia que ostentaron antes, esta vez sintieron los golpes del desgaste. Su propia violencia se está volviendo contra ellos mismos. Ya han dado muestras de que su opción no es por el diálogo. Lo que están haciendo ahora es un repliegue oportunista para recuperar fuerzas”, agregó el coordinador nacional de la representación presidencial para la Asamblea Constituyente, Juan Carlos Pinto.

Otro de los factores que se evaluaban era la incapacidad de los cívicos de controlar a sus propias bases en un marco de violencia que ellos mismos se encargaron de fogonear. Según fuentes consultadas por este diario, en el Palacio Quemado creen que, por tomar un caso, la Unión Juvenil Cruceñista está dispuesta a ir mucho más allá de lo que el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Branko Marinkovic, o el mismo prefecto, Rubén Costas, pueden soportar en términos políticos y económicos. Un ejemplo de coyuntura sobre la cuestión económica es la inauguración del viernes próximo de Exposur, la emblemática feria que es fundamental para la burguesía cruceña. Para esa fecha, los cruceños precisan llegar relativamente airosos.

En una clara muestra de la apuesta que Morales suele hacer a su olfato político, a media mañana había declarado que convocaba para ayer a media tarde a todos los prefectos para iniciar el diálogo a puertas cerradas y a tiempo completo. Sin embargo, por problemas logísticos, los prefectos del Conalde fueron llegando paulatinamente a Cochabamaba en el transcurso de la noche. Así, divididos en tres comisiones, las arduas negociaciones comenzarán hoy a las 8 de la mañana de la Argentina.

El gran tema de debate girará en torno de la compatibilización de la NCPE y los estatutos autonómicos. De fondo, aquí la discusión es por el control de los recursos naturales (puntualmente los hidrocarburos) y la tierra. “En los temas fundamentales estamos más cerca de la ruptura que de acuerdos”, reconoció Pinto. Morales, en la misma línea que venía sosteniendo, se refirió ayer respecto de este dilema: “No estamos contra las autonomías, pero las que queremos son unas que sean legales y constitucionales para los pueblos, no para las oligarquías”.

Y, según pudo averiguar PáginaI12, a último momento se colaron en la agenda otros debates, un tanto más estructurales. Cossío le habría planteado a García Linera su disconformidad con la definición del “Estado Plurinacional” que la NCPE hace de Bolivia, bajo influencia de los movimientos sociales e indígenas. Sin embargo, tanto en este punto como en lo que respecta a la responsabilidad intelectual de Fernández en “la masacre de Pando”, que el Ejecutivo ha catalogado como genocidio, el gobierno seguiría intransigente.