Desde Santa Cruz

Las organizaciones campesinas de Santa Cruz calculaban marchar hacia esta ciudad para exigir al Comité Pro Santa Cruz y a la prefectura la devolución de 26 edificios del Estado. Los campesinos afirmaron que esperarán los resultados de la reunión de hoy para arrancar la caminata o para esfumarla. Pero los vecinos de Plan 3000, el barrio-fortaleza del gobierno nacional, dieron un ultimátum de 48 horas al prefecto Rubén Costas “para que renuncie. Si no, el viernes estaríamos marchando a la ciudad”, sostuvo Jaime Choque, presidente del Comité Cívico Popular barrial. El prefecto de Tarija, Mario Cossío, dijo que ayer no pudieron viajar a Cochabamba para empezar el diálogo con el presidente Evo Morales porque no consiguieron vuelos. Aún faltaba discutir algunos detalles a los opositores, que avanzan en la negociación pese a diferencias internas, sobre todo en cuanto a la detención del prefecto de Pando, socio de la Media Luna, acusado de genocidio. El ejército pudo retomar ayer el control de El Porvenir y Filadelfia, municipios donde transcurrió la masacre de al menos 18 personas. Aún hay cien campesinos desaparecidos, pero los militares no encuentran cuerpos.

El prefecto de Beni, Ernesto Suárez, aceptó de inmediato la invitación de Morales. Pero faltó compañía: “Yo no quisiera dar una señal de que no queremos ir, veremos cómo llegar a Cochabamba. No es fácil, porque quisiéramos que lleguen todos y particularmente queremos que estén presentes los testigos”. La mediación de instituciones es una preocupación constante del Consejo Nacional Democrático (Conalde) para sentarse a charlar con Morales. Hoy, en el hotel Portales de Cochabamba, habrá representantes de la Iglesia Católica, de la Unión de Naciones de Sudamérica (Unasur), de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Quien ya dijo que no estará es la prefecta de Chuquisaca, la quechua Savina Cuéllar, porque este primer documento no incluye el reclamo de Sucre como “capital plena” de Bolivia. La ciudad que la eligió como prefecta fue capital plena hasta 1899, cuando una guerra civil llevó los poderes Ejecutivo y Legislativo a La Paz. En Sucre sólo permaneció el Judicial. Este reclamo provocó el exilio de la Asamblea Constituyente, en 2007, porque el nuevo texto tampoco recogía la exigencia sucrense.

El martes a la noche, Cossío y el prefecto cruceño, Rubén Costas, firmaron el documento consensuado con el gobierno ante el cardenal Julio Terrazas. Morales dijo que este religioso es inválido como mediador, ya que el 4 de mayo votó en el referéndum autonómico de Santa Cruz, considerado ilegal por el gobierno. Para el aymara, fue un “show mediático” para mostrarlo como renuente al pacto. Y reiteró su desconfianza hacia Terrazas, quien juzgó a las firmas del Conalde: “Una victoria del pueblo que busca paz y verdad con cambios en el corazón”.

El postulado del cardenal no concordaba con las declaraciones del Comité Cívico de Riberalta, en Beni, que había dado 24 horas para dejar esa ciudad a las organizaciones no gubernamentales que trabajan con indígenas y campesinos de la región: el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (Cipca) Norte, el Instituto para el Hombre, Agricultura y Ecología (Iphae) y el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis) Riberalta. Los cívicos las acusan de haber armado a campesinos que estuvieron en la masacre.

“Es mentira. En nuestra convocatoria para la asamblea pedimos a los compañeros que trajeran lo de siempre: plato, cuchara y un caneco (taza enlosada). Era lo único que teníamos cuando nos agarraron”, contó a PáginaI12 Cristian Domínguez, secretario de Recursos Naturales de la Federación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (FSUTC-B), sobreviviente de la masacre.

Según Domínguez, mil campesinas y campesinos iban a Cobija para coordinar acciones ante el crecimiento de la violencia en Pando ejercida por grupos afiliados al prefecto. “Hasta la Policía Nacional contribuyó en la matanza. Nos tuvieron detenidos una hora en la ruta mientras los hombres de Leopoldo nos hacían un cerco. Nos disparaban de todos lados. Nos seguían por el monte hasta otros pueblos. A los heridos los cargaban en ambulancias donde los torturaban”, recordó. Su testimonio coincide con el de varios campesinos que fueron al hospital de Cobija para atenderse y se escaparon con heridas nuevas.

Domínguez, indígena chácobo, expresó su desconfianza en la Justicia. “Los otros acusados, Miguel Becerra (ex alcalde de Cobija) y Abraham Cuéllar (senador de Unidad Nacional), no tienen nada que ver. No deciden por nosotros. Las dirigencias de las organizaciones campesinas de Pando programamos esa asamblea, por eso creemos que la Justicia ya nos va a tirar orden de captura”, evaluó.

Con la firma del acuerdo, los cívicos levantaron los bloqueos de Tarija. Quedan los cortes de ruta campesino en Tiquipaya, a 45 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz, en San Julián, Cuatro Cañadas y Yapacaní, que afectan el tránsito hacia Cochabamba. “Nosotros ahorita estamos esperando ver el convenio. Y tenemos que reunirnos para tomar una decisión conjunta con los compañeros de Tiquipaya”, dijo Félix Martínez, presidente cívico de San Julián. Aclaró que, si marchan a la ciudad, no van a ser violentos como los autonomistas. En Plan 3000, un barrio empobrecido de 250 mil habitantes definió recuperar los edificios públicos.