Las dificultades para instrumentar un subsidio a la garrafa demoraron el anuncio de una recomposición para el precio del gas en toda la cadena, que implicará un incremento promedio del 20 por ciento para los usuarios residenciales. Los de menor consumo, hasta 500 metros cúbicos por año, estarían exceptuados del ajuste, que también beneficiará a productores y transportistas con una mejora similar. Se trata sólo de un “sendero” de ajustes, que en los próximos meses serán sucedidos por otros, en la medida en que se cierren los acuerdos definitivos, algo que el Gobierno aspira a concretar antes de fin de año, cuando expira la Ley de Emergencia Económica. Las empresas que tengan demandas ante el Ciadi no podrán por ahora reforzar sus cajas con ese mayor ingreso, que alimentará un fondo fiduciario para obras.

La estrategia oficial para descongelar los precios del gas aún contenidos está basada en la idea de que los incrementos sean pagados por quienes tienen mayor capacidad contributiva, excluyendo a los consumos más modestos y a los consumidores de GLP. Las distribuidoras aplicarían ajustes progresivos y segmentados para todas las categorías de usuarios, que en el caso de los domiciliarios implicarían subas de 10 al 30 por ciento. El nuevo esquema incluye una mejora en el precio del gas boca de pozo que, si bien en teoría no está regulado, para algunas categorías de compradores sólo puede ser modificado en virtud de acuerdos con el Gobierno. También en este caso habrá una grilla de incrementos diferenciales según quién sea el destinatario final del gas: la idea era mantenerlo congelado para las usinas y para la porción que las distribuidoras destinan a los consumos menores, aproximadamente el 40 por ciento del universo de clientes.

Esta nueva política resultó seductora a los productores. Pero no ocurrió lo mismo con la propuesta del ministro de Planificación para que las petroleras costeen con esa mejora de sus ingresos un subsidio a la garrafa, para permitir que una de diez kilos cueste entre 15 y 20 pesos, en lugar de los 37 actuales. Los técnicos de Planificación comenzaron a barajar la variante de que sea el Estado el que asuma esa subvención aunque sea en parte, lo que originó otro escollo: cómo instrumentar ese apoyo oficial en el complejo esquema del GLP, donde además intervienen fraccionadores y distribuidores. Hasta anoche no había un acuerdo cerrado sobre este punto decisivo, lo que impedía formalizar el anuncio.

El tercer eslabón beneficiado con el aumento de tarifas en ciernes es el transporte de gas, que tendrá un incremento del 20 por ciento en el marco de un acuerdo provisorio, vigente hasta el 31 de diciembre. Para entonces debería haberse avanzado en la redacción de nuevos contratos, que incluirán cuadros tarifarios definitivos, confeccionados sobre el criterio de ver cuál es el costo operativo de las empresas, qué inversiones quedan a su cargo y cuál la rentabilidad admisible. Indefectiblemente, esto entrañará otros aumentos, a semejanza de lo que ocurrirá con las distribuidoras, cuando se concluya con ellas la revisión tarifaria integral.

Para firmar acuerdos definitivos, que incluyeran ya un diagrama con futuros ajustes, el Gobierno exigió a distribuidoras y transportistas firmar la cláusula de “indemnidad”, por la cual se harían cargo de pagar alguna eventual indemnización a cualquiera de sus socios que haya demandado en el Ciadi. Sólo Gas Ban avanzó en este sentido y tuvo hace más de un año una recomposición tarifaria que recién ahora llegará ahora a las otras. TGN y TGS se resisten duramente a la eventualidad de afrontar una indemnización a CMS (tiene fallo a favor por 133 millones de dólares sin intereses) y Enron (exigió 100 millones), en rigor ex socias de las transportistas que demandaron ante el tribunal arbitral del Banco Mundial. Estas díscolas, como las distribuidoras con accionistas demandantes, deberían por ahora resignar el cobro del aumento a favor de un fondo para obras.