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En los primeros seis meses del año fueron asesinadas 2859 personas en el estado de Río de Janeiro, la mayoría en la capital. Eso significa 476 asesinatos al mes, o 16 cada día. La cifra ha sido conmemorada por las autoridades estaduales: representa una baja de 9,7 por ciento en comparación con los 3135 asesinatos cometidos en el primer semestre de 2007. Con relación a los llamados “actos de resistencia”, que en el léxico oficial significa muertes en confrontación directa entre criminales y policías y en la práctica significa habitantes de la periferia y de las zonas miserables ejecutados a sangre fría, el número ha sido de 757 víctimas. Cuatro al día. Un muerto cada seis horas. Un número 9 por ciento mayor que el registrado en el primer semestre del año pasado.

Ese es el resultado de la política de seguridad impuesta desde la llegada de Sergio Cabral al gobierno estadual, en enero de 2007. Son resultados discutidos por sociólogos, antropólogos y, principalmente, por la población de las zonas de miseria y de las favelas de la ciudad. La policía entra, actúa de forma violenta, mata a inocentes y se va. Los traficantes se quedan. La ausencia de políticas sociales efectivas, que fuesen concomitantes con actos de represión al tráfico, asegura que el clima de terror vivido por los favelados permanezca inmutable.

Esos números oficiales fueron conocidos en el mismo día en que el relator especial de las Naciones Unidas para casos de ejecución sumaria cometidos en todo el mundo, Philip Alston, presentara su informe sobre Brasil. El trabajo de Alston integra un detallado estudio del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y sus conclusiones son devastadoras. Entre otras cosas, Alston asegura que la policía brasileña es responsable por “parte considerable” de los 48 mil homicidios ocurridos anualmente en el país.

Mencionando directamente a Río, dice que “los agentes de policía son responsables por más de 18 por ciento de todas las muertes causadas por armas de fuego”. Esa situación, según él, sería “estimulada por el sistema actual, que concedió una especie de carta blanca para las muertes cometidas por policiales”. En todos los casos de violencia practicada por la policía, la mayoría de las víctimas es formada por hombres jóvenes, negros y pobres. Alston recrimina duramente la política empleada por el gobierno de Río de Janeiro, de realizar operaciones masivas en favelas que resultan en un gran número de muertos y en actos arbitrarios muy violentos.

La tensa situación vivida por la población de la zona metropolitana de Río (calculada en unos 8 millones de habitantes) se refleja, además, en datos del mismo gobierno estadual. Más de dos de cada diez moradores han sido víctimas de algún crimen (26%). Más de la mitad de la población (56%) no confía en la policía militar.

En los últimos años, el escenario de violencia se fue agravando a velocidad vertiginosa. Además de los bandos de narcotraficantes que controlan más de la mitad de las 750 favelas de Río y ciudades vecinas, los llamados “milicianos”, bandos paramilitares encabezados en la mayoría de las veces por miembros de la misma policía militar, controlan a poco más de 200. La disputa por territorios es violenta.

Los “milicianos” se organizaron de tal forma que en algunos casos logran beneficios mayores que los obtenidos por los traficantes, gracias al control que ejercen sobre la venta de bombonas de gas, sobre el transporte, más las “tasas de seguridad” que exigen de negociantes y moradores. Los tentáculos de “milicianos” y narcotraficantes se entrecruzan, además, en la explotación del “transporte alternativo”, es decir, las combis que circulan por la zona metropolitana.

Esos tentáculos se extienden hacia la política: ahora mismo, faltando días para las elecciones municipales, el gobierno del presidente Lula da Silva envió a Río tropas del ejército para patrullar las favelas, donde los candidatos que no tienen la aprobación de las “milicias” o del narcotráfico, según cada caso, son impedidos de entrar. Cada favela tiene un solo candidato aprobado. Las investigaciones indican que el proyecto de los “milicianos” es formar una representación parlamentaria tanto en el ámbito municipal como en el estadual con representantes listos para defender sus intereses.

En ese escenario turbado y turbulento hay otra marca que distingue a Río de Janeiro: su policía es la que más mata en todo el mundo. Esa afirmación consta de estudios que toman como base el registro de “actos de resistencia”. En Estados Unidos, por ejemplo, fueron 370 las víctimas fatales en acciones llevadas a cabo por la policía a lo largo de todo 2007. La policía sudafricana, considerada una de las más violentas del mundo, registró 681 casos. En Francia, los muertos en combate con la policía han sido ocho. En la Argentina, 288.

Solamente en el primer semestre de este año, en Río, fueron 757. Es decir, tenemos una policía capaz de matar en seis meses más que la sudafricana en todo un año, más que el doble de la de Estados Unidos y casi tres veces la argentina.

No hay nada en el horizonte que indique alguna posibilidad de cambio en el futuro inmediato. O mejor, sí hay: y se trata de un cambio para peor. Las poblaciones de los barrios de clase media, igualmente acosadas por la violencia, aplauden la política de confrontación abierta. La ineficacia de esas medidas no cambia un pensamiento nefasto. Bandido bueno es bandido muerto, reza la leyenda. Hay quien la aplaude. Pobre ciudad.

* Escritor y periodista brasileño.