Germán Cofré Martínez golpeó la puerta de su casa después de 34 años de ausencia y todo Chile se conmocionó. Su nombre es uno de los cientos que aparece tallado en piedra en el monumento de los desaparecidos del Cementerio General de Santiago. Durante años su mujer y sus tres hijos lo lloraron como una de las miles de víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet. Ayer Cofré Martínez se presentó ante la Justicia, escoltado por su hijo mayor que no le hablaba y un grupo de militantes de derechos humanos furiosos. “Esto es el resultado de la falta de voluntad política de la Concertación. El Estado chileno nunca asumió la responsabilidad de los crímenes de la dictadura y, por lo tanto, de esclarecerlos”, acusó la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Lorena Pizarro.

El ex dirigente comunista de 65 años pasó horas dentro del despacho del juez Carlos Gajardo. Tenía mucho que explicar. La semana pasada, sin aparente razón, decidió reencontrarse con su pasado y su familia. Hizo un bolso, saludó a su mujer y se fue de su casa en la ciudad mendocina de San Martín. Tardó en reconocer su antigua casa. Mucho había cambiado en La Cisterna. La numeración de las calles había cambiado en el humilde pueblo de los suburbios de Santiago. Después de deambular un rato por las calles, intentando encontrar algún detalle, alguna cara conocida, Cofré Martínez llegó a la puerta de la casa de su cuñado.

Allí le dijeron que su esposa, María del Carmen Cisterna Zapata, había muerto el año pasado y que sus tres hijos estaban trabajando. El primero en llegar para el reencuentro fue su hijo mayor, Marcelo. Casi ni se hablaron. Simplemente le preguntó si era su padre y cuando obtuvo una respuesta positiva lo llevó a su casa y luego a la sede del Ministerio del Interior, a la oficina del Programa de Derechos Humanos. Estaba enojado. “Para mí, mi padre está muerto hace rato. Mi padre es un detenido desaparecido. Es triste lo que digo, pero es así”, aseguró en una entrevista con el diario chileno El Mercurio.

Marcelo, sus dos hermanos y su madre no la pasaron bien cuando los militares se llevaron preso a su padre el 27 de agosto de 1974, fecha que quedó registrada en su lápida en 1995. La tumba todavía lleva su nombre en el Cementerio General de Santiago, aunque hace dos años el Instituto Médico Legal, el órgano estatal que se ocupó de las exhumaciones de los restos de los NN, reconoció que se habían equivocado con 48 de las casi 100 identificaciones de desaparecidos que realizaron a mediados de los noventa.

Durante la dictadura la esposa de Cofré Martínez tuvo que alquilar su casa porque ya no la podía mantener y en el barrio hicieron una colecta para ayudarlos. En 1992, con la democracia de vuelta, denunció la desaparición de su esposo ante la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación para acceder a los subsidios y becas que le correspondían como familiar directo de una víctima del terrorismo de Estado.

Cofré Martínez no aparecía en los primeros listados de desaparecidos. Pero la denuncia de su mujer abrió una investigación que duró cinco meses y ocupó apenas 35 fojas. Nadie sabía nada de él; ni las fuerzas armadas ni el Servicio Médico Legal ni el Registro Civil. Eso era todo lo que el Tercer Juzgado del Crimen de San Miguel necesitaba saber. Antes que termine el año lo declaró detenido desaparecido.

Ayer el supuesto exiliado chileno se mostró asombrado por la decisión. Después de todo no había tapado sus huellas, ni muchos menos. En julio de 1975 cruzó la cordillera a través del paso Cristo Redentor de forma legal. Se instaló en San Martín, Mendoza, y hace diez años se acercó al consulado chileno en esa provincia para ponerse al día. Tramitó su cédula como ciudadano residente en el exterior y en 2002 la renovó. Cuando la semana pasada volvió a cruzar los Andes, también lo hizo legalmente y con su documentación al día.

La historia del primer falso desaparecido chileno tiene aún muchos agujeros negros. Una de sus antiguas vecinas de La Cisterna, Margarita Riviera Monsalve, le dijo a la prensa local que su mujer siempre supo que se había ido a Argentina. Será difícil de confirmar, la mujer murió el año pasado. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos quieren una investigación a fondo. No sólo de la familia, sino también del Estado chileno.