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Vecinos de la Villa 31, de Retiro, cortaron ayer durante nueve horas la Autopista Illia, en un nuevo reclamo por la urbanización del barrio pero, sobre todo, para solicitar que se los incluya como parte en el proceso judicial que el gobierno de Mauricio Macri inició contra la Nación para frenar las construcciones dentro del barrio. Es que un día antes la Justicia había rechazado el pedido de los abogados de los habitantes para participar en una audiencia que se celebrará hoy entre representantes de la ciudad y el gobierno nacional. Ambas administraciones vienen manteniendo un conflicto en torno de estos terrenos en el cual los únicos perjudicados son quienes viven en la villa. Los vecinos dicen que tienen un plan de urbanización, elaborado por la Facultad de Arquitectura de la UBA, pero nadie en el Gobierno los recibe (ver aparte). Desconfían de lo que puedan acordar ciudad y Nación en la audiencia de hoy: saben que los terrenos donde están sus viviendas son codiciados para emprendimientos inmobiliarios millonarios. El prolongado corte de ayer –que provocó serios trastornos a los automovilistas provenientes de la zona norte del conurbano– logró poner el tema, otra vez, en el centro de la escena.

La manifestación generó además un duro cruce entre Macri y el ministro de Justicia, Aníbal Fernández: mientras el jefe de Gobierno acusó a la policía por no cumplir con la orden de una fiscal de restablecer el tránsito (“Es una falta de respeto reiterada permitir esto”, dijo), el ministro aseguró que “nunca hubo una orden de desalojar con represión”.

Lo cierto es que los manifestantes, en un momento, liberaron una parte de la autopista ante la promesa de que serían recibidos, pero al final nadie se presentó a dialogar. “No eran gente de la villa, eran activistas. Había punteros y militantes de Quebracho y el Polo Obrero”, disparó ante este diario el jefe de Gabinete del Ministerio de Espacio Público, Fabián Rodríguez Simón. En el mismo sentido se expresó el ministro de Justicia, Guillermo Montenegro.

Sin embargo, el corte –que se inició a las 9 de la mañana– había sido decidido el viernes por la Mesa Participativa de la Villa, que integran delegados, dos asociaciones civiles y algunos legisladores porteños, para el caso de que la Justicia no aceptara la participación de representantes vecinales en la audiencia de hoy, donde se debe tratar el problema de las construcciones que están en una supuesta situación de riesgo.

El conflicto se inició a principios de octubre, cuando el macrismo lanzó una ofensiva contra las construcciones en la villa, que en algunos casos superan los tres y cuatro pisos. Responsabilizó por esa situación al gobierno nacional, ya que los terrenos donde se levanta el asentamiento pertenecen en su mayoría al Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (Onabe). Macri pretendía que fuera ese organismo el que controlara y frenara las construcciones. Al mismo tiempo, el gobierno porteño clausuró una cementera que proveía de materiales a las nuevas construcciones.

Como parte de la ofensiva, el gobierno porteño pidió a la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal una medida cautelar contra el gobierno nacional. La jueza Cecilia de Negre resolvió entonces, el 28 de octubre último, ordenar al Onabe que “arbitre los medios necesarios para impedir la prosecución de nuevas construcciones en las villas 31 y 31 bis”.

“El pedido se hizo en resguardo de la vida de las personas”, argumentó a PáginaI12 Rodríguez Simón. “Hay 500 construcciones de más de dos plantas, sin cimientos y con efectos estructurales”, agregó. “Y el Onabe no cumplió con el fallo.” El gobierno porteño también pidió que “se condene a la Nación a demoler todas las construcciones existentes en el predio en contradicción a la normativa local sobre edificación, seguridad y protección del medio ambiente”, lo cual, en sentido amplio, significaría arrasar con casi toda la villa. La jueza no hizo lugar a este pedido. Y por las dudas el juez Roberto Gallardo prohibió ayer cualquier intento de demolición o desalojo.

Desde el Onabe sostienen que el poder de policía sobre las edificaciones en cualquier punto de la ciudad le pertenece al gobierno porteño. “Si quisiéramos controlar las construcciones o clausurar obras estaríamos violando la Constitución nacional, que establece la autonomía de la Ciudad, y la ley fundamental porteña”, sostuvo el subgerente de Asuntos legales de Onabe, Luis Desalvo. “Si clausuraron una cementera, también pueden clausurar una obra irregular”, puso como ejemplo. “Fue por eso que le pedimos a la jueza que, si quiere que se materialice su pedido, convoque a una audiencia pública de todas las partes”, agregó el abogado. El pedido fue aceptado por la jueza, que convocó a la audiencia de hoy. “Esto es el producto del hartazgo de los habitantes de la Villa 31 ante la ausencia de políticas públicas para su barrio”, dijo a PáginaI12 Facundo Di Filippo (ARI), presidente de la Comisión de Vivienda de la Legislatura. El diputado advirtió que el presupuesto del Instituto de la Vivienda destinado a urbanizar villas “bajó drásticamente de 78 a 2,8 millones de pesos para 2009, mientras que el de la Corporación del Sur aumentó apenas de 26 a 28 millones”. La Corporación, que se ocupa de la urbanización de asentamientos, no incluye a la 31.

Los vecinos tienen el patrocinio legal de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro por el Derecho a la Vivienda (COHRE, por sus siglas en inglés), que ayer hicieron una presentación formal ante el juzgado de De Negri para ser tenidos como parte en la causa.