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La estafa de las llamadas “pirámides” financieras llegó a la Justicia ayer en Colombia. La Fiscalía Nacional ordenó la captura de siete directivos de la firma DMG, una de las empresas más grandes del país. Hasta el lunes, cuando el gobierno la intervino, tenía 60 oficinas en 20 de los 32 departamentos del país y más de 200 mil familias afiliadas. Dos de los directivos ya fueron detenidos. Pero el pez gordo, el presidente y fundador de la firma, David Murcia Guzmán, será más difícil. El y su familia hicieron las valijas no bien empezaron a caer las pirámides y se instalaron en Panamá. El presidente Alvaro Uribe prometió ayer que presionará por conseguir la extradición de todos los responsables.

El mandatario dio una conferencia de prensa a primera hora de la mañana. Lo acompañaba un tercio de su gabinete y el fiscal general Mario Iguarán. “Me imputo la primera culpa”, dijo con la solemnidad que caracteriza sus apariciones en momento de crisis. “Queremos erradicar esa permisividad con la cultura mafiosa, con la idea del dinero fácil”. Así definió la lógica que nutre a las llamadas pirámides. Estas empresas prometen enormes dividendos. El sistema es simple. Los primeros clientes cobran sus ganancias extraordinarias a partir de los aportes de los nuevos. La pirámide crece, mientras se mantenga la entrada de nuevos aportantes.

Esta dinámica atrajo millones de dólares de familias de clase media y media baja, a las que se les prometieron tasas de interés de hasta 150 por ciento. Ahora el gobierno colombiano está cuestionando la legalidad de estas empresas, que llevaban varios años funcionando en el país.

El escándalo de las llamadas “pirámides”, como se denominan esas empresas, estalló la semana pasada con la quiebra de la empresa DFRE (Dinero Fácil, Rápido y Efectivo) que dejó a decenas de miles de ahorristas en la ruina total. Los estafados atacaron las oficinas de esa entidad en localidades de por lo menos quince departamentos. Las protestas simultáneas, masivas y desesperadas provocaron un clima de caos que se sintió en todo el país. Hubo saqueos, incendios, choques con la policía en las calles, dos muertos y decenas de heridos.

La primera medida del gobierno fue denunciar públicamente a las pirámides, remover al titular de la Superintendencia Financiera, encargado de fiscalizar a estas empresas y declarar el estado de emergencia económica en todo el país. El objetivo era evitar la salida masiva de fondos y el derrumbe de nuevas financieras. El lunes el presidente Uribe anunció que además decretaba el cierre definitivo de todas las pirámides. Además de investigar la estafa a miles de colombianos, la Justicia también está detrás de la pista del lavado de dinero, posiblemente proveniente del narcotráfico. Ayer el presidente del Senado, el oficialista Hernán Andrade, anunció que tiene grabaciones que demuestran que la firma DMG está vinculada con los carteles del país. El diario El Tiempo publicó que la DEA hace tiempo sigue giros sospechosos de dinero hechos por la empresa a Brasil y Panamá.