Gustavo Gallón es pesimista, pero no quiere demostrarlo. Como presidente de la Comisión Colombiana de Juristas su responsabilidad es reclamar por una Colombia menos violenta, más justa y más libre. Pero en sus silencios y sus dubitaciones el abogado de derechos humanos que esta semana fue homenajeado por el gobierno argentino con el Premio Internacional de Derechos Humanos Emilio F. Mignone (fundador del CELS) deja entrever su desilusión. “La minoría que no está con el presidente Uribe no lo discute abiertamente”, explicó a Página/12, mientras recorría el Parque de la Memoria en la Costanera. “Así son los colombianos –dijo, casi excusándolos–. Tantos años de guerra y violencia te acostumbran a no hablar y a tener miedo.”

Por eso, aseguró, es tan importante estar en Argentina. Gallón se da vuelta y señala el largo y pálido mural de piedra que contiene los nombres de todas las víctimas del terrorismo de Estado desde el Cordobazo hasta el final de la última dictadura en 1983. “Que me hayan elegido para este premio implica un mensaje al gobierno colombiano; un mensaje de que Argentina está con nosotros y no apoya las violaciones a los derechos humanos”, señaló.

El abogado colombiano está satisfecho. No es un amateur. Está en los directorios de organizaciones de derechos humanos internacionales, ofició de juez en la Corte Constitucional colombiana y lidera las denuncias contra el gobierno de Uribe ante la ONU. Gallón sabe que en Colombia pocos se enteran de este tipo de reconocimientos internacionales, pero igual, sostuvo, es un adelanto. Pudo hablar personalmente con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, durante el acto del jueves en la antigua ESMA, con el presidente de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti el viernes y con el ex presidente Néstor Kirchner ayer por la mañana, en un encuentro con el grupo de intelectuales de Carta Abierta.

A todos ellos los puso al tanto de la difícil situación que viven los dirigentes de organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos, como él. Desde el momento de su fundación en 1988, la Comisión Colombiana de Juristas, una ONG a la que consultan las Naciones Unidas a la hora de analizar la situación colombiana, ha denunciado la represión desde las fuerzas del Estado. En sus informes Gallón siempre aclaró que las órdenes de asesinar, secuestrar y hacer desaparecer disidentes, sindicalistas, campesinos e indígenas no provenían directamente del presidente de la Nación. El abogado de ojos achinados y voz suave ya no hace más esa salvedad.

El presidente Uribe está rodeado de amigos, aliados y parientes con vínculos probados con el narcotráfico y los grupos paramilitares que en los años noventa y hasta 2004 asesinaron e hicieron desaparecer a decenas de miles de personas. Su primo, el senador Mario Uribe, está procesado junto con más de 80 legisladores, concejales, gobernadores y dirigentes políticos, en su mayoría uribistas, por negociar dinero o apoyo político con los paramilitares.

Su asesor de extrema confianza Obdulio Gaviria es el primo del capo narco colombiano más conocido de todos los tiempos, Pablo Escobar, y en la víspera de la marcha contra el terrorismo de Estado de marzo pasado acusó a las organizaciones de derechos humanos de estar infiltradas por las guerrillas. Un documento desclasificado del Departamento de Estado norteamericano de finales de los ochenta incluye al entonces gobernador de Antioquia Alvaro Uribe en la lista de los narcotraficantes más conocidos de Colombia.

Gallón conoce la larga lista de denuncias y sospechas que acosan al presidente Uribe, pero como buen abogado que es sabe que no tiene pruebas para respaldarla. “El gobierno tiene un aparato de propaganda muy sofisticado. Con un discurso autoritario, impulsivo y violento el presidente se ha impuesto sobre todas las demás consideraciones”, señaló, intentando explicar por qué el mandatario colombiano es el más popular de América latina, junto con el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

Es difícil pelear contra su 70 por ciento de popularidad. “Vivimos en una atmósfera muy pesada”, dijo y se quedó pensando unos segundos. Finalmente recurrió a la historia de una masacre. “El 5 de agosto de 2005 el ejército colombiano asesinó a tres dirigentes sindicales en el departamento de Arauca. Cuando hicieron públicos los cuerpos dijeron que eran guerrilleros del ELN (la segunda guerrilla más importante del país) que habían muerto en combate. El vicepresidente salió a respaldar la versión y celebró el éxito militar. Semanas después una investigación de la Fiscalía demostró que todo era falso; había sido fabricado.”

Gallón no lo mencionó, pero el vicepresidente Francisco Santos nunca fue sancionado. Tres años después el presidente Uribe repitió sus pasos y salió a dar la cara por “su ejército” en el caso de un grupo de jóvenes de Bogotá que habían aparecido muertos a más de 300 kilómetros de sus casas. Según los militares, eran guerrilleros. La Justicia, otra vez, demostró lo contrario.

“Nunca fue tan flagrante la violación de los derechos humanos desde el Estado colombiano”, sentenció el abogado. Hace unos meses cayó la cúpula del Servicio de Inteligencia colombiano por ordenar espiar, supuestamente sin autorización del presidente, al senador y acérrimo antiuribista Gustavo Petro. Gallón se ríe al recordar el escándalo del que, una vez más, el presidente Uribe logró escaparse indemne. “A veces atendemos el teléfono y del otro lado nos contesta la oficina de inteligencia policial. La sensación general es que nuestros teléfonos y todas nuestras comunicaciones están interceptadas”, señaló como si fuera algo natural, casi inevitable.