En Australia buena parte del Estado moderno se fundó a partir de la exclusión y el atropello histórico de los derechos de los pueblos indígenas. Las injusticias persisten hasta el día de hoy. Sin embargo, desde el 2002, al menos en la provincia de Victoria, se crearon tribunales especiales para juzgar los delitos de los miembros de los pueblos indígenas o Koori, basados en premisas diferentes que buscan adoptar los usos y las leyes a las prácticas culturales de este pueblo. Ian Grey, presidente de la Corte de Magistrados de esa provincia australiana, pasó por Buenos Aires invitado por el CELS para contar esta experiencia y, en diálogo con Página/12, expuso los fundamentos de estos tribunales así como sus posibles implicancias para la Argentina. “Se trata de que el sistema judicial innove y encuentre nuevas formas de interactuar frente a una sociedad diversa, dictando sentencias que sean acordes a las necesidades culturales de la gente”, señaló.

–¿Por qué se crearon tribunales especiales para los pueblos indígenas?

–En Australia el pueblo Koori representa alrededor del 2,6 por ciento de la población. Sin embargo, se encuentra terriblemente sobrerrepresentado en las cárceles. ¿Por qué? Por las desigualdades estructurales de nuestra sociedad, ya que los pueblos indígenas no acceden en la misma medida que el resto de la población a niveles aceptables de educación, salud, formación profesional, etc. Por lo tanto tuvimos que preguntarnos, ¿estamos legislando para ellos o no? ¿Podemos hacer algo en el terreno de la Justicia que reconozca las diferencias culturales y así actuar de un modo diferente frente a estos grupos? Se trata, entonces, de que el sistema judicial innove y encuentre nuevas formas de interactuar frente a una sociedad diversa. Así fue que creamos los tribunales Koori.

–¿Cómo funciona un tribunal Koori?

–En principio, el acusado tiene que haber aceptado su culpabilidad y pedir ser juzgado por el tribunal. La idea es generar una atmósfera mucho más informal que la de la Justicia ordinaria. Para empezar, el juez no se encuentra en ningún estrado, sino que se sienta a una mesa junto a todas las partes involucradas, con la obligación de hablar un inglés básico, sin ninguna clase de jerga jurídica, para que de esa forma lo que se discute sea más comprensible por todos. Luego, las partes acuden a la sesión acompañados de sus familias y otros miembros de la comunidad, y todos se sientan juntos. Las partes se encuentran así a un metro de distancia de cada una. ¿Sabe el efecto que produce eso? Al tener a sus conocidos alrededor enterándose de lo que hizo, en general la persona toma conciencia de sus actos de una manera más profunda y así puede asumir su responsabilidad de manera más íntegra. Lo fundamental es que el acusado tiene la posibilidad de hablar, de contar su pasado, de tratar de explicar por qué hizo lo que hizo. Además, y esto es central, el juez recibe asesoramiento de algún miembro respetable de la comunidad sobre cuál puede ser la mejor sentencia para el caso.

–Uno de los objetivos del tribunal es encontrar vías alternativas al encarcelamiento. ¿Puede darme ejemplos?

–La sentencia es una parte fundamental, ya que a lo que se apunta es a encontrar una forma en que la persona pueda sentir que repara el daño que causó. Muchas veces se resuelve con trabajos comunitarios, y la mayor parte de las veces se trata de que la actividad esté relacionada con el delito. Por ejemplo, si se trata de una persona que cometió un delito a partir de su adicción a las drogas o al alcohol, en ese caso la persona no solamente será obligada a seguir un tratamiento sino que deberá ayudar a otras personas que se encuentran en las mismas circunstancias y de esa manera involucrarse él mismo con su problemática social.

–¿Cualquier clase de delito puede juzgarse en estos tribunales especiales?

–No, los casos de violencia familiar y los delitos sexuales están excluidos, se juzgan por la Justicia ordinaria.

–¿Por qué?

–Ellos mismos así lo pidieron y se debe a que, en general, la estructura familiar y los clanes tienen un peso muy significativo en sus formas de organización comunitaria. En vistas de esto, y para evitar conflictos serios cuando se trata de esta clase de delitos, ya que todos estarían juntos y se verían las caras, se prefirió la Justicia ordinaria que, se sabe, es más impersonal.

–¿Se lograron resultados concretos?

–Le podría decir que logramos bajar los índices de reincidencia enormemente. Hoy son de un 15 por ciento contra un 30 por ciento en el resto del sistema judicial.

–¿El resto de la población australiana siente recelo por el hecho de que los pueblos indígenas tengan un tratamiento judicial diferente?

–Puesto que los resultados son buenos, el grado de aceptación es alto. Las leyes son las mismas para todos, sólo se trata de encontrar formas diferentes de aplicarlas, adaptar los procesos, si se quiere. Por otra parte, lo cierto es que se trata de una política de Estado basada en el concepto de reparación histórica: es el Estado australiano el que sintió que esta población nunca fue integrada a las estructuras estatales que se crearon con la colonización.

Entrevista: Martín Suaya.