Más de diez mil hondureños tomaron ayer las principales rutas del pequeño país centroamericano para torcer el brazo de los empresarios. Durante todo el día ningún cargamento pudo entrar o salir de Puerto Cortés, el más transitado del territorio, ni se permitió la circulación de camiones y autos a través de la frontera con El Salvador y Nicaragua. “Es un mensaje para la empresa privada. Esperemos que reflexionen y se den cuenta de que no les conviene seguir apoyando a los golpistas”, advirtió uno de los organizadores del bloqueo en las afueras de Puerto Cortés, el dirigente social Erasto Reyes. Desilusionados, los manifestantes hondureños no esperan demasiado del presidente de Costa Rica, Oscar Arias, y de su mediación entre la dictadura y el gobierno legítimo de Manuel Zelaya. Ayer el mandatario y Premio Nobel de la Paz adelantó una sugerencia para el diálogo que se reanuda mañana: crear un gobierno de reconciliación nacional, en el que Zelaya conservaría la Presidencia y la oposición, ministerios claves como Interior y Finanzas. El depuesto mandatario advirtió que de no haber avances, se tomarán medidas.

Antes de que Arias lanzara esa nueva propuesta, el presidente de facto Roberto Micheletti ya le había allanado parte del camino. La noche anterior el dictador había dicho que estaba dispuesto a renunciar y entregar el poder si Zelaya aceptaba no volver al país. El mandatario costarricense retomó esa idea ayer, pero reconoció que existe un mandato de la OEA y de la ONU que demanda la reinstitución del presidente constitucional. “Zelaya debe terminar su mandato”, machacó una vez más el mediador. Pero como en todas las negociaciones, no todas pueden ser negativas. “Eso sí, Zelaya tendría que abandonar su pretensión de instalar una cuarta urna y veremos si se puede hablar de una amnistía para los responsables de delitos políticos”, adelantó Arias, retomando una propuesta presentada la semana pasada por el gobierno de facto hondureño.

Quedan 24 horas hasta que los golpistas y la delegación del gobierno derrocado se vuelvan a sentar en la mesa del comedor de Arias para discutir una salida a la crisis hondureña, que dejó el golpe de Estado del 28 de junio pasado. La primera ronda de negociaciones terminó sin ningún avance, según contó días después la canciller de Zelaya, Patricia Rodas. Los golpistas se dedicaron a justificar desde lo legal el secuestro y la expulsión del país del presidente hondureño, mientras que del otro lado de la mesa se limitaron a exigir la reinstitución del gobierno elegido en las urnas en 2005.

Para la mayoría de los zelayistas que ayer se instalaron en las rutas hondureñas desde el alba, la mediación en Costa Rica está condenada al fracaso. “El diálogo nació muerto. Los golpistas quieren ganar tiempo para que el mundo se acostumbre a ellos y el presidente Zelaya no tiene fuerza para negociar afuera; su fuerza está acá, en la movilización del pueblo hondureño”, sentenció Juan Barahona, dirigente sindical del Bloque Popular en Tegucigalpa, en diálogo telefónico con este diario.

Con esa certeza guiando sus pasos, las organizaciones que lideran la resistencia popular acordaron un nuevo plan de lucha: asfixiar, desde adentro y desde afuera, las finanzas de la dictadura. Una pequeña comitiva pasó toda la semana en Washington intentando convencer al Departamento de Estado y al Congreso norteamericano de que la condena más eficaz contra el golpe de Estado de Micheletti son las sanciones económicas. Los países del ALBA, entre ellos Venezuela y Nicaragua, dos socios comerciales importantes, ya suspendieron el comercio y cortaron el suministro de combustible.

“Mientras la condena internacional se endurece, también lo hacen nuestras manifestaciones en el país”, explicó Barahona, desde la ruta que conecta la capital con el sur del país. Por eso los bloqueos se mantendrán hoy y, si no hay respuesta de los empresarios, durante todo el fin de semana. “El gobierno de facto nos amenazó con movilizar la policía y reprimir las manifestaciones, pero igual salimos a las rutas y paralizamos el país”, aseguró el líder sindical.

Los bloqueos estuvieron custodiados por 150 o hasta 200 policías, según la región, pero en ningún caso –excepto por dos heridos leves en el departamento norteño de Olancho– hubo orden de reprimir. “Al principio intentaron dispersarnos, pero somos tantos que es imposible”, explicó Reyes, después de diez horas de estar parado en el asfalto, entre Puerto Cortés y San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante del país. Las imágenes de las largas columnas de dirigentes sindicales, comunidades indígenas enteras y familias con niños pequeños se repitieron de Norte a Sur y de Este a Oeste. Inmersos en la multitud parecían no tener miedo a la dictadura. Pero al caer la noche, la campaña de terror que la dictadura puso en marcha hace 18 días empezó a surtir efecto. Las madres con chicos se volvieron para las ciudades y sus comunidades, mientras los hombres discutían si era seguro quedarse toda la noche. “En cualquier momento declaran el toque de queda por cadena nacional y el gobierno ya anunció que tiene órdenes de captura para los dirigentes de las protestas”, señaló Reyes. A unos metros de allí, 150 policías antimotines se acomodaban para pasar la noche bajo las estrellas.