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Los maestros hondureños se pusieron al frente de la resistencia contra el golpe de Estado. Desde que el presidente Manuel Zelaya fue derrocado el pasado 28 de junio, buena parte del gremio docente llamó inmediatamente al paro nacional por tiempo indeterminado hasta tanto no se restituya el orden democrático y, día tras día, aporta su contingente a las marchas que recorren las calles de Tegucigalpa. Ya en su tercera semana de resistencia con aulas vacías, son uno de los principales escollos que se le presentan a los golpistas en sus intentos por dar una imagen de normalidad. “El magisterio ha sido y seguirá siendo un bastión en la restauración democrática”, aseguró ayer Saturnino Sánchez, presidente del Colegio Profesional Superación Magistral Hondureño (Colprosumah), el mayor sindicato docente del país, que cuenta con algo más de 60 mil afiliados e integra el Bloque Popular, frente que aglutina a la mayoría de los movimientos sociales de Honduras.

Desde el gobierno de facto los llamados que claman por una vuelta a las aulas no aflojan ni un solo día. Ayer, sin más, los golpistas amenazaron con despidos y suspensiones en los pagos de salarios para todos aquellos que se negaran a convalidar el golpe de Estado en las aulas.

Frente a estas presiones, un sector minoritario del movimiento gremial encabezado por el Primer Colegio Hondureño de Maestros (Pricphma), central que aglutina a unos 10 mil trabajadores de la educación, llamó a sus afiliados a continuar con la resistencia pero volviendo a las aulas, lo que fue rápidamente celebrado por las autoridades como una decisión madura que les devolvería a los niños hondureños “el pan diario del saber”.

Sin embargo, el grueso de los trabajadores de la educación, con Colprosumah al frente, se mantiene firme en su propósito de sostener el paro. “Lo que los niños están aprendiendo por estos días al hacerse presente en las calles es invalorable. Defendiendo a la democracia se están convirtiendo en verdaderos ciudadanos hondureños”, le dijo a Página/12 por teléfono desde Tegucigalpa Reina Centeno, maestra hondureña de educación media.

Si se tiene en cuenta que Honduras, según las Naciones Unidas (ONU), posee uno de los sistemas educativos más atrasados de Centroamérica, la organización y fuerza del sindicato docente resulta al menos llamativa. De acuerdo con Unicef, ninguno de los departamentos del país centroamericano llega a cumplir con el mínimo de seis años de educación primaria como promedio, y el analfabetismo alcanza al 18 por ciento de la población. Más aún, veinte años de políticas neoliberales dejaron como saldo un país con un desempleo del 40 por ciento y una pobreza que abarca casi al 60 por ciento de la población.

“Llegar hasta aquí no fue fácil”, explica la maestra Centeno. “Sólo se sobrevivió apostando por sobre todas las cosas a la defensa de la educación pública”, agrega entre los ruidos de marchas que se escuchan de fondo. Esa lucha, explica la docente, atravesó con muchas dificultades la funesta década de los ’80, años durante los cuales, bajo la fachada de gobiernos civiles, en Honduras los escuadrones de la muerte sembraban el terror.

“Muchos compañeros murieron en la lucha. Venimos poniendo el cuerpo por la dignidad de la gente desde hace mucho tiempo y, por eso, el pueblo hondureño nos respeta y ahora, más que nunca, estamos decididos a continuar con la resistencia. No podemos, bajo ningún concepto, volver al pasado”, aclara Centeno.

La persistencia del combate sindical derivó en la sanción del Estatuto Docente hondureño que, si bien se aprobó con anterioridad al gobierno de Manuel Zelaya, bajo su administración empezó a cumplirse, dijo vía telefónica a este diario Juan Barahona, dirigente sindical del Bloque Popular.

“Siempre fue un gremio perseguido. Pero no aflojan en la lucha. Si durante mucho tiempo la mayor parte de sus reivindicaciones fueron de tipo económico, hoy los maestros están totalmente politizados en defensa de la democracia”, afirmó el dirigente.

Durante el gobierno de Zelaya, asimismo, se buscó pasar a la acción para librar a Honduras del analfabetismo y, por eso, desde el ingreso del país al ALBA, en agosto del año pasado, comenzaron a llegar al país colaboradores cubanos para implementar el programa de alfabetización “Yo, sí puedo”.

Al día siguiente del golpe, el ahora ex canciller de facto, Enrique Ortez Colindres, más conocido por haberse referido a Barack Obama como a “ese negrito que no sabe nada de nada”, se apuró en expulsar a los cubanos. Dijo que estaban organizando grupos de choque.

Informe: Martín Suaya