Desde Brasilia

Restan 440 días para las elecciones presidenciales de Brasil, las primeras desde el retorno de la democracia en que Luiz Inácio Lula da Silva no será candidato. Que esté ausente en la disputa electoral del 3 de octubre de 2010 no significa que Lula sea prescindente, sino todo lo contrario. Su meta es llevar (en sentido literal) a la presidencia a su actual ministra de la Casa Civil, Dilma Rousseff, quien nunca disputó un cargo lectivo y, según reconocen en el oficialista Partido de los Trabajadores (PT), carece del oficio necesario para negociar el armado de una alianza electoral integrada por fuerzas de los más diversos linajes ideológicos.

Para alcanzar ese objetivo, que considera excluyente, Lula no tiembla en acordar con algunos de los personajes más polémicos de la ya controvertida clase política brasileña. La semana pasada se estrechó en un abrazo con el ex presidente Fernando Collor de Mello, eyectado del gobierno en 1992, dos años y medio después de asumir, hundido en el descrédito popular y envuelto en escándalos de corrupción. Lula hizo caso omiso al pasado y el presente de Collor de Mello, miembro del Partido Trabalhista Brasileño (PTB), una fuerza que sobresale por el número de congresistas con causas penales.

Tampoco reparó en la ficha política y ética de José Sarney, actual titular del Senado, contra quien llovieron denuncias por desvío de dinero, nepotismo y enriquecimiento ilícito en los últimos meses. Sarney, colaborador de la dictadura que llegó a la presidencia de la república en 1985 accidentalmente, debido a la muerte del candidato electo, recibió un cerrado respaldo de Lula, quien alegó que de ese modo estaba resguardado la estabilidad institucional.

Sarney ostenta el singular mérito de haber recibido críticas de la revista conservadora británica The Economist, donde fue descripto como un “dinosaurio”, y del izquierdista PT, cuyos congresistas propusieron que deje la presidencia del Senado, moción luego archivada por orden de Lula.

Significa todo lo anterior que el presidente no escarmentó con la experiencia de 2005, cuando su gobierno estuvo al borde del abismo por acuerdos non sanctos del PT con agrupaciones como el PTB de Collor de Mello. Sus acólitos responden que no hay pruebas que involucren a Lula con aquellos desmanes del 2005 que terminaron con la cúpula del PT procesada por la Corte Suprema, y sostienen que el presente pacto con Sarney, Collor y especialmente con el Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) es simple pragmatismo político.

Sin esas “malas compañías”, explican, es imposible gobernar y mucho menos lanzar una candidatura presidencial viable para 2010. Y agregan:las intrigas de Palacio y los arreglos inconfesables para conformar una alianza electoral el año próximo tienen sin cuidado a la población. En la calle, Lula recoge el 80 por ciento de respaldo, 6 años y medio después de su llegada al gobierno –fue electo en 2002 y reelecto en 2006– y a pesar del aumento de la desocupación y la recesión que golpearon al país desde fines del año pasado. Nada indica, agregan, que esa aceptación popular caerá el año próximo, cuando la economía crecerá más del 4 por ciento, el mercado de trabajo posiblemente habrá recobrado la dinámica previa a la crisis y el programa Bolsa Familia distribuirá ayuda económica entre unos 13 millones de familias pobres (actualmente beneficia a 11 millones).

En el Palacio del Planalto entienden que la fórmula oficialista se hará fuerte si el pleito se polariza entre izquierda y derecha, y Lula transfiere parte de su aprobación hacia Dilma Rousseff, a quien las encuestas le dan 30 por ciento de intención de voto contra 45 por ciento de José Serra, del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB).

Según ese análisis la fórmula progresista estará encabezada por Rousseff y la conservadora llevará como postulante a Serra, fruto de la sociedad entre el PSDB y el Partido Demócrata.

Precisamente esas dos fuerzas impulsaron la creación de una Comisión Parlamentaria de Investigación sobre presuntas irregularidades en Petrobras, la petrolera estatal que facturó 118.000 millones de dólares en 2008 y es la 34ª compañía más importante del mundo según la revista Fortune. Lula fracasó en su intento de impedir la constitución de un órgano abocado a auscultar las cuentas de la petrolera.

Las sospechas de la oposición incluyen sobrefacturación de la refinería Abreu de Lima (valuada en 4000 millones de dólares), fraude en la construcción de plataformas marinas y pago irregular de royalties.

Lula y sus hombres ya avisaron que el contraataque será político. Recordarán que en el gobierno socialdemócrata de Fernando Henrique Cardoso fue sancionada una legislación que quitó el monopolio petrolero a Petrobras y abrió paso a las empresas transnacionales.

En contrapartida, alegarán el PT y sus aliados, el gobierno de Lula fortaleció las inversiones en Petrobras, frenó el proceso de desnacionalización y posiblemente creará otra empresa estatal para tomar cuenta de los “megapozos” petroleros descubiertos hace dos años con reservas que pueden superar los 50.000 millones de dólares.