Isis Obed Murillo era un desconocido para el mundo hasta que lo mataron de un balazo. Era uno entre los miles de manifestantes que el domingo 5 de julio fueron hasta el aeropuerto de Tocontín para apoyar el fallido retorno de Manuel Zelaya a Honduras, tras su destitución del mandato democrático que había obtenido en las elecciones de 2005. José David Murillo, el padre de Isis, declaró que a su hijo lo mató un francotirador que disparó sólo una vez; a poco de señalar que detrás de la represión está Billy Joya, el ex oficial de inteligencia acusado por violaciones a los derechos humanos en los ’80 y actual asesor del presidente de facto Roberto Micheletti, fue detenido en una celda de aislamiento. Hay una foto que acerca apenas, un poco, el horror de este asesinato: los compañeros de Isis lo cargan por los brazos y se ve cómo, de su cabeza, chorrea la sangre. El diario pro golpista La Prensa publicó la imagen con un retoque: borró la sangre. Las dos fotos, comparadas, fueron mostradas inicialmente en el blog Honduras resiste (resistenciamorazan.blogspot.com) y son una síntesis implacable del manejo de la información por estos días en Honduras: versión oficial de los medios afines y silenciamiento o amenaza para quienes no se encolumnen con el gobierno cívico-militar en una escalada que incluye bombas, censuras, cierre de emisoras, persecuciones y hasta el asesinato del periodista Gabriel Fino Noriega, según señala el Comité de Familiares Desaparecidos en Honduras, Cofadeh.

A Noriega le dieron siete balazos en la tarde del 3 de julio, cuando salía de Radio Estelar, en San Juan Pueblo. La policía aseveró enseguida que el móvil no había sido político, pero la Cofadeh señala que en los últimos días “divulgaba información sobre los marchas en contra del golpe de Estado” y, también, de quienes apoyaban a Micheletti. Noriega difundía, además, datos sobre las masacres vinculadas con el narcotráfico que vienen ocurriendo en el litoral atlántico. La Cofadeh reúne medio centenar de casos de periodistas que sufrieron detenciones arbitrarias, asistieron a cierres de emisoras e incautación de equipos y/o fueron amenazados de muerte. En Honduras, hoy parece no alcanzar la equidistancia: alineamiento con el gobierno de facto o persecución. A Alexander Gómez Mejía, de Radio Progreso, el ejército le quitó el equipo en San Pedro Sula; a Orlando Anderson, del canal de televisión La Cumbre de Bonito Oriental, un grupo de militares lo amenazó mientras cubría una manifestación y tuvo que abandonar su ciudad; en la ciudad de Tocoa, el teniente coronel Tercero, al frente de la Base Naval de Puerto Castillo, decomisó equipos, cerró emisoras y amenazó a los periodistas Nahum Palacios, Carlos Lara, Wilfredo Paz y Rigoberto Mendoza. A Johnny Lagos, director del semanario El Libertador, lo hostigan judicialmente, le cortaron los servicios de luz y le plantaron vigilancia.

En la madrugada del golpe, los militares tomaron Radio Globo, en Tegucigalpa, y agredieron a tres periodistas y a tres técnicos. Seis días más tarde explotó una bomba en la puerta de la galería comercial en la que funcionan el Canal 11 y el diario Tiempo: la Cofadeh señala que, ese día, se había publicado una entrevista con la primera dama Xiomara Castro de Zelaya en la que acusaba al general Romeo Vázquez de haberlos traicionado. El Canal 8, creado por Zelaya para romper el cerco informativo impuesto por quienes manejan los grandes medios en Honduras, fue intervenido por los militares y dejó de emitir desde el derrocamiento. Hay casos de emisoras tiroteadas, destrozadas, militarizadas, cerradas. Y de programas censurados, como el que conduce la periodista Daysi Flores, del Centro de Derechos de Mujeres, sacada del aire cuando se disponía a hablar sobre el golpe con sus invitados. El caso de los periodistas de Telesur deportados tuvo alguna repercusión en la prensa internacional, pero al resto de las situaciones casi no se les ha dado relevancia y evidencian, en conjunto, la sistematización de silenciamiento del proceso.

Los principales diarios y las emisoras de radio y televisión de Honduras están en manos de unas pocas familias que son propietarias además de una infinidad de empresas y están vinculados con los dos partidos tradicionales, el Nacional y el Liberal (a este último pertenecía el descarriado Zelaya). El modo en el que “informa” la prensa por estos días es alucinante: el pueblo hondureño quiere paz y reconciliación; las marchas de apoyo al gobierno de Micheletti son mansas y democráticas; a Zelaya lo enchastran con violaciones a la Constitución, corrupción y futuros juicios; en Miami y Los Angeles hay festejos por “la sucesión”; los maestros, trabajadores de hospitales y otros huelguistas son repudiados; la población y la economía son afectadas por la protesta vía toma de carreteras; la esperanza de la selección de fútbol para clasificar al Mundial; la bendición de la Iglesia local; el “diálogo constructivo” con Oscar Arias en Costa Rica; la amenaza de masacres que prepara Chávez y la amenaza de invasión de Ortega desde Nicaragua. Del rechazo internacional al golpe, poco y nada; del millar de detenciones tras la supresión de las garantías constitucionales, tampoco. Y de las agresiones y amenazas a los colegas, menos. En la madrugada del golpe fue detenido el caricaturista Allan McDonald, que publicaba en El Heraldo: no informaron sobre lo ocurrido y, además, dejaron de publicar sus trabajos.

“Burro, asno, cara de facineroso, tonto, tramposo, ¡golpista!” El repertorio de adjetivos es autoría de Jaime Bayly: los usó para calificar al presidente Manuel Zelaya a dos días del golpe. Bayly estaba contento con el derrocamiento y también con la posibilidad de desplegar, sobre esta movida de vanguardia continental en la toma del poder, ese cinismo tan funcional a la “libertad de prensa” que ejerce por las noches en Mega Tevé, desde Miami. A Bayly, como aquí a Mariano Grondona, Jorge Asís, Joaquín Morales Solá o Mirtha Legrand, le pareció absurdo que los presidentes Hugo Chávez, Rafael Correa y Cristina Kirchner fueran algo más allá del rechazo a lo ocurrido y se reunieran de inmediato con Zelaya, como si no hubiera toda una historia de vasos comunicantes en la materia entre los países de Latinoamérica. A estos intelectuales les preocupa la no renovación de licencias de algunos medios en Venezuela o el proyecto de radiodifusión en la Argentina, pero no parecen demasiado atormentados por lo que ocurre con el periodismo, la libertad para su ejercicio, en la Honduras secuestrada desde el 28 de junio.